La Libertad Avanza intenta reactivar la actividad en el Senado con una sesión prevista para este jueves, la última antes del inicio del receso de invierno. El oficialismo buscará aprobar el proyecto de propiedad privada y avanzar con una serie de designaciones judiciales.
La convocatoria fue acordada durante una reunión de Labor Parlamentaria realizada la semana pasada, donde el Gobierno y los bloques dialoguistas definieron los temas que podrían tratarse tanto este jueves como en la sesión prevista para el próximo 6 de agosto.
Sin embargo, todavía existen interrogantes sobre la posibilidad de reunir el quórum necesario. Algunos senadores ya iniciaron sus vacaciones debido a que el receso invernal comienza antes en varias provincias que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Qué propone el proyecto de propiedad privada
La iniciativa fue elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y atravesó importantes modificaciones durante su tratamiento legislativo.
Entre los principales cambios, se eliminó el capítulo relacionado con la ley de barrios populares y se reformularon los apartados vinculados con la compra de tierras por extranjeros, las expropiaciones, los desalojos y el manejo del fuego.
Uno de los puntos centrales plantea flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. En este esquema, las provincias tendrán un papel clave en la autorización de las operaciones.
El proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal de otros países compren tierras rurales, salvo que exista una autorización de la provincia donde se encuentre el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
En las zonas fronterizas también será necesaria la intervención de las autoridades nacionales y provinciales.
Además, la iniciativa contempla la aplicación del silencio administrativo. Si transcurren 180 días sin objeciones de los organismos correspondientes, la operación podría quedar autorizada.
Nuevas reglas para los desalojos
El proyecto también introduce modificaciones en los procedimientos de desalojo. En los casos de inmuebles usurpados o de ocupantes precarios, un juez podrá ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando considere verosímil el derecho presentado por el propietario.
Si el dueño acredita mediante documentación la titularidad del inmueble, el magistrado podrá intimar a su devolución dentro de un plazo de 72 horas.
Para los contratos de alquiler con pagos atrasados, el propietario deberá enviar una carta documento y otorgar al inquilino un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda.
La notificación podrá realizarse en el domicilio establecido en el contrato o mediante correo electrónico. Si el incumplimiento continúa, el propietario podrá iniciar la acción de desalojo, cuyo procedimiento prevé un plazo de diez días hábiles.
En situaciones donde existan menores o adultos en condiciones de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos locales de protección y al Ministerio Público Tutelar.
Las autoridades tendrán hasta diez días para garantizar una alternativa habitacional transitoria, sin frenar la continuidad del proceso judicial.
El Senado también debatirá pliegos judiciales
La Libertad Avanza buscará además aprobar 36 pliegos judiciales. Entre ellos se encuentra la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino.
El magistrado necesita el respaldo del Senado para continuar en funciones antes de cumplir 75 años, el próximo 27 de julio.
Ante una eventual demora en el tratamiento de su designación, Pesino presentó un recurso de amparo para permanecer en el cargo después de alcanzar la edad límite.
Otro de los nombres incluidos en la nómina es Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, propuesto para ocupar un juzgado de Lomas de Zamora.
Ese tribunal tendrá bajo su órbita la causa que involucra al exintendente Martín Insaurralde y a la modelo Jésica Cirio.
Con la aprobación de estos nombramientos, el Gobierno alcanzaría 110 cargos judiciales cubiertos durante los últimos meses, en un escenario donde todavía existen alrededor de 300 vacantes en la Justicia.
La principal incógnita para el oficialismo será conseguir el número de senadores necesario para abrir la sesión y avanzar con el temario antes del receso invernal.
Fuente. Medios
