El conflicto en el barrio privado donde cumple prisión domiciliaria el empresario condenado por abuso sexual contra su hijastra durante 19 años sumó un nuevo capítulo. Vecinos denunciaron que, durante las protestas realizadas frente a la vivienda, la Policía comenzó a fotografiar las patentes de los vehículos y a filmar a los manifestantes, lo que generó un fuerte malestar entre los residentes.
Según relataron vecinos del lugar, durante una de las manifestaciones los efectivos registraron con fotografías las patentes de los automóviles y, horas más tarde, repitieron el procedimiento. Sin embargo, la mayor tensión se produjo por la noche, cuando, de acuerdo con los testimonios, el comisario a cargo del operativo se acercó personalmente para filmar a quienes participaban de los bocinazos.
“Nos están pidiendo identificarnos por estar manifestándonos con bocinazos“, expresó una vecina, quien manifestó su sorpresa por el procedimiento policial.
Los residentes no descartan que los registros realizados por la Policía estén vinculados a una denuncia por los rayones y las amenazas que fueron reportados ante el Ministerio Público Fiscal en los últimos días.
El regreso del empresario desató la protesta
La tensión comenzó el jueves, cuando trascendió que J.R., declarado culpable por un jurado popular de abusar sexualmente de su hijastra durante casi dos décadas, regresó a su vivienda bajo el régimen de prisión domiciliaria, con tobillera electrónica, tras una resolución del Tribunal de Impugnación.
Desde entonces, vecinos del barrio realizaron bocinazos, cacerolazos y otras manifestaciones de rechazo. Incluso, algunos arrojaron huevos y bolsas de residuos contra la vivienda, mientras el inmueble permanece con custodia policial permanente.
El principal reclamo de los residentes es que la Justicia revoque el beneficio de la prisión domiciliaria y disponga el traslado del condenado a una unidad penitenciaria hasta la audiencia de cesura, instancia en la que se definirá la pena, que podría alcanzar 35 años de prisión.
Malestar por el accionar policial
En ese contexto, el registro fotográfico y las filmaciones realizadas durante las protestas incrementaron el enojo de los vecinos, quienes consideran que estas medidas podrían interpretarse como una forma de amedrentar a quienes participan de las manifestaciones, más que como parte de un operativo preventivo.
Los habitantes del sector señalaron que el empresario y su esposa se instalaron hace poco tiempo en el barrio privado y que, antes de conocerse la condena, prácticamente no mantenían contacto con el resto de los residentes.
“Se mudó recientemente al barrio, no lo conocíamos“, afirmó uno de los vecinos.
También explicó que se trata de un barrio con lotes de entre 500 y 700 metros cuadrados y que, además del matrimonio, es habitual el ingreso de personal de mantenimiento para realizar tareas de jardinería y conservación del predio.
Ante la creciente conflictividad, la Policía convocó a una reunión con los vecinos en la plaza del barrio para dialogar sobre la situación.
Sin embargo, entre los residentes predomina el escepticismo. “Tenemos muy pocas expectativas con respecto a esa reunión“, reconoció uno de ellos.
Además, indicó que una de las sugerencias realizadas por la fuerza fue que los vecinos presenten una nota ante la Fiscalía para expresar formalmente su preocupación por la permanencia del condenado en el barrio.
