Un hombre quedó con prisión preventiva por tres meses en Trelew, acusado de perseguir, hostigar y amenazar a una mujer durante varios meses, pese a las medidas judiciales de restricción y al uso de una tobillera electrónica con dispositivo dual.
Durante la audiencia de control de detención, la fiscal general Julieta Gamarra explicó que la investigación comenzó en mayo, cuando el imputado inició una serie de conductas violentas tras ser rechazado para mantener una relación de pareja. Según la acusación, desde entonces protagonizó episodios de hostigamiento, persecuciones, amenazas, daños y hurtos.
La Fiscalía recordó que en julio ya se había presentado una acusación por cuatro hechos y que la Justicia había impuesto prohibiciones de acercamiento, medidas que el acusado incumplió en reiteradas oportunidades. Incluso permaneció detenido con prisión preventiva, luego pasó a arresto domiciliario y más tarde recuperó la libertad con monitoreo electrónico debido a que es el cuidador exclusivo de un menor con problemas de salud.
Sin embargo, entre el 1 y el 15 de julio volvió a protagonizar nuevos episodios. Según la investigación, siguió a la víctima hasta su lugar de trabajo, el gimnasio y la vivienda de un amigo, además de acercarse para amenazarla de muerte y publicar fotografías suyas en aplicaciones telefónicas.
La Fiscalía imputó cinco hechos de desobediencia judicial, uno de ellos en concurso con el delito de amenazas, y sostuvo que el hombre desobedeció deliberadamente las órdenes dictadas por la Justicia, generando un creciente temor en la víctima.
Al resolver el caso, la jueza Mirta Moreno consideró que existía una continuidad del comportamiento violento y advirtió que ninguna de las medidas previas había logrado frenar las conductas del imputado. También señaló que la persecución obligó a la mujer a modificar su estilo de vida e incluso cambiar de domicilio para intentar protegerse.
Frente a ese escenario, la magistrada dio por abierta la investigación penal y dispuso la prisión preventiva por tres meses, al considerar acreditados los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación y entender que no existían medidas menos gravosas capaces de garantizar la protección de la víctima.
