La decisión fue adoptada por la jueza de garantías Leticia Lorenzo, quien rechazó el planteo presentado por la defensa del profesional, identificado con las iniciales M.G., que buscaba impedir la continuidad de la causa luego de que el expediente hubiera sido archivado meses atrás.
La reapertura fue solicitada por la fiscal de Chos Malal, Natalia Rivera, tras la incorporación de nuevas pruebas surgidas de pericias realizadas sobre dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.
La jueza avaló continuar la investigación
La defensa sostuvo que la reapertura vulneraba el principio de legalidad, ya que la desestimación de la causa había sido confirmada judicialmente el 5 de mayo. Además, argumentó que la prueba presentada como “nueva” ya estaba disponible cuando se dispuso el archivo del expediente.
Sin embargo, la jueza Lorenzo rechazó esos planteos y recordó que el archivo de una investigación no constituye cosa juzgada. En ese sentido, explicó que el Código Procesal Penal permite retomar una causa cuando aparecen nuevos elementos de prueba que puedan resultar relevantes para esclarecer los hechos.
También remarcó que, en esta instancia, el control judicial sobre la investigación es limitado y que no corresponde analizar si determinadas medidas debieron realizarse con anterioridad.
Con esta resolución, la fiscalía quedó habilitada para continuar reuniendo pruebas y evaluar una eventual formulación de cargos si considera que existen elementos suficientes.
La denuncia de la ART
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la mutual y la ART del Sindicato de Petroleros Privados, representadas por los abogados Marcelo Herzricken Velasco y Joaquín Herzricken Catena.
La investigación apunta al médico M.G., sospechado de haber emitido informes médicos presuntamente apócrifos en expedientes civiles iniciados contra la aseguradora.
Según la denuncia, esos documentos certificaban incapacidades laborales y enfermedades profesionales que nunca habrían sido constatadas mediante revisaciones médicas reales.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que los siete trabajadores involucrados pertenecían a una misma cuadrilla laboral y fueron representados por el mismo estudio jurídico, cuyos abogados también son objeto de investigación.
Las presuntas irregularidades
De acuerdo con la denuncia, el médico aseguró haber realizado las evaluaciones de manera remota mediante videollamadas o plataformas virtuales.
Sin embargo, la querella sostiene que los propios trabajadores declararon ante un escribano público, una médica y un auditor de la ART que nunca conocieron al profesional ni fueron examinados por él.
Esas manifestaciones quedaron incorporadas a una escritura pública realizada en julio de 2025.
Además, la documentación reunida durante la investigación indica que, en las fechas en las que supuestamente se realizaron las pericias médicas, los trabajadores se encontraban desempeñando tareas en el yacimiento El Portón, en Buta Ranquil, donde presta servicios la empresa OIL M&S SA.
En algunos casos, como los de trabajadores de apellido Méndez y Costa, la investigación sostiene que únicamente mantuvieron reuniones con abogados y luego aparecieron informes médicos firmados por un profesional al que, según declararon, nunca habían visto.
Pericias sobre celulares y computadoras
Frente a estas inconsistencias, la fiscalía ordenó nuevas medidas de prueba. Entre ellas, dispuso mantener secuestrados el teléfono celular y la computadora del médico para realizar pericias informáticas que permitan determinar si existieron comunicaciones mediante Zoom, Google Meet, WhatsApp u otras plataformas con los siete trabajadores.
También se analizará la geolocalización de los dispositivos para verificar si el profesional se encontraba en los lugares donde afirmó haber realizado las evaluaciones.
Además, la investigación incluye el secuestro de teléfonos celulares de los demandantes y de los abogados que los representaron, junto con la documentación vinculada a los expedientes judiciales.
En total, la denuncia abarca siete demandas contra la ART, cuyos reclamos económicos ascienden a aproximadamente USD 1,8 millones.
Fuente: Medios
