Un nuevo integrante de una asociación ilícita que operaba en General Roca fue condenado a 6 años y 4 meses de prisión efectiva, luego de reconocer su participación en el grupo y su responsabilidad en tres hechos delictivos.
El hombre llegó detenido a la audiencia y, tras el pedido de la Fiscalía y la Defensa Pública, el Tribunal Colegiado homologó la pena y resolvió mantener la declaración de primera reincidencia. Se trata del segundo condenado por los hechos investigados en este legajo.
Durante la audiencia de juicio abreviado, la fiscal del caso, Verónica Villarruel, describió el accionar atribuido a la organización. Según explicó, los integrantes utilizaban uno o dos vehículos previamente sustraídos para llegar hasta las viviendas seleccionadas.
Una vez en el lugar, irrumpían de manera violenta por puertas traseras, luego de escalar paredones y techos, y reducían a las víctimas utilizando armas de fuego. Posteriormente, las ataban con alambres o precintos para exigirles dólares y obtener información sobre la ubicación de cajas fuertes.
De acuerdo con la acusación, entre los elementos sustraídos también se encontraban dinero, oro y dispositivos electrónicos, además de los DVR utilizados para almacenar las imágenes de las cámaras de seguridad.
La investigación reunió una importante cantidad de evidencia. Entre las tareas se destacó el trabajo de la Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro, creada especialmente para abordar la multiplicidad de casos y coordinada por el Ministerio Público.
También fueron analizadas cámaras del 911 y registros de sistemas particulares, cuya información fue cotejada con testimonios, pericias y datos obtenidos de teléfonos celulares. La Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) aportó información sobre el tráfico de antenas, permitiendo establecer ubicaciones vinculadas con los hechos investigados.
A esto se sumó el trabajo del Gabinete de Criminalística, que realizó tareas de preservación de los lugares, levantamiento de rastros, muestras odoríficas y material genético.
La Oficina de Atención a la Víctima también intervino en el proceso, brindando asistencia a las personas afectadas, realizando entrevistas y elaborando los correspondientes análisis victimológicos.
La investigación incluyó además allanamientos, requisas vehiculares y secuestros de elementos, entre ellos un equipo de comunicaciones con características similares a los utilizados por fuerzas de seguridad y acceso a 12 frecuencias policiales. Las pericias determinaron que el dispositivo no pertenecía al patrimonio de la Policía de Río Negro.
Mientras esta nueva condena se suma al avance de la causa, otras diez personas continúan vinculadas al proceso penal, todas con formulación de cargos y medidas cautelares vigentes.
