La fiscalía de Neuquén realizó este martes un nuevo allanamiento en la Municipalidad de Plottier con el objetivo de secuestrar expedientes administrativos y documentación vinculada a contrataciones internas. El procedimiento se enmarca en la investigación por presunta defraudación agravada contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario, que involucra al intendente Luis Bertolini.
El operativo fue encabezado por la fiscal Rocío Rivero junto a personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía, quienes buscaron reunir 89 expedientes relacionados con contrataciones realizadas por el municipio en los últimos meses, además del manual interno de contrataciones.
La investigación judicial se centra en dos líneas principales: un decreto que otorgó exenciones impositivas a vecinos y un esquema de contrataciones que podría haber favorecido a determinadas personas en la ejecución de obra pública y la compra de insumos. La fiscalía intenta determinar si el beneficio impositivo podía otorgarse sin autorización del Concejo Deliberante y si existieron irregularidades en los procesos de contratación.
Desde el entorno del intendente Bertolini denunciaron que las medidas judiciales buscan “amedrentarlo”. En caso de que se formule una imputación en su contra, la Carta Orgánica municipal establece que deberá ser suspendido preventivamente de su cargo.
Pedido de apartamiento de Vignaroli
En paralelo, la defensa del jefe comunal solicitó el apartamiento del fiscal jefe Pablo Vignaroli, al sostener que habría perdido objetividad en la investigación. Argumentaron que el funcionario brinda información a la prensa sobre el avance de la causa y que tendría un supuesto interés personal vinculado al momento político en el Concejo Deliberante, donde se definen autoridades que inciden en el orden sucesorio municipal.
Vignaroli rechazó el planteo y aseguró que continuará interviniendo en la causa. Explicó que su función incluye supervisar el trabajo de los fiscales y atender a los medios de comunicación para garantizar que la información pública sea difundida de manera oficial.
El fiscal jefe sostuvo que brindar información forma parte de sus obligaciones y aseguró que no se ha prejuzgado ni condenado anticipadamente a ninguna persona. También señaló que se trata de una práctica habitual en investigaciones de interés público. El planteo de la defensa deberá ser resuelto por el fiscal general José Gerez.
Fuente: Medios
