Lejos del anuncio inicial que prometía alcanzar a 16 barrios, la primera etapa del plan de pavimentación se limita a 13 calles en los sectores Belgrano, Don Bosco, Zatti y Santa Clara, donde ya comenzaron gestiones administrativas. Desde el Ejecutivo aseguran que la selección responde a criterios de conectividad y cercanía a servicios, aunque puertas afuera crecen los cuestionamientos por la falta de precisiones sobre los barrios que quedaron relegados.
El punto más controvertido es el mecanismo de financiamiento: el avance del resto del programa dependerá del recupero de la inversión, es decir, del cumplimiento en el pago por parte de los frentistas. Bajo un esquema 50/50, los vecinos deben abonar un anticipo del 50% y financiar el saldo en cuotas, condición clave para que el Municipio pueda reinvertir y continuar con nuevas obras.
En términos concretos, esto implica que si no hay suficiente nivel de cobro, el plan podría frenarse o demorarse, trasladando el peso de la obra pública directamente a los contribuyentes. El costo estimado ronda los $67.900 por metro cuadrado, lo que permitiría ejecutar entre 25 y 28 cuadras con el crédito actual, aunque la cifra está sujeta a la inflación y posibles ajustes.
El financiamiento incluye además un endeudamiento autorizado de $1.500 millones —de los cuales $1.100 millones se destinarán a asfalto y $400 millones a maquinaria— junto con un fondo proveniente de la tasa de Seguridad e Higiene, que proyecta recaudar $270 millones anuales, aunque hasta ahora apenas superó los $30 millones.
Así, el plan que se presenta como respuesta a un reclamo histórico deja un interrogante central: ¿es sostenible un modelo de obra pública que depende de la capacidad de pago de los vecinos? Mientras tanto, otros 12 barrios siguen en espera, atados a un esquema donde el asfalto no solo se planifica, sino que también se financia puerta por puerta.
