El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa solicitó a la Justicia que avance con la formulación de cargos contra cuatro profesionales de la salud, en el marco de una causa por presunta falsificación de documentación y estafa a la obra social Os.Pe.Pri., por un monto que superaría los 200 millones de pesos.
Según la presentación judicial, dos de los acusados son un traumatólogo infantil y un anestesista, quienes ya fueron allanados e identificados por la fiscalía. Los otros dos nombres corresponden a médicas auditoras de la obra social, que fueron despedidas tras descubrirse las maniobras.
El apoderado legal del gremio, Marcelo Hertzriken Velasco, siguiendo las instrucciones del secretario general Marcelo Rucci y la comisión directiva, pidió además que se impongan medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, como la comparecencia semanal de los imputados en la comisaría más cercana a su domicilio y la prohibición de salida del país mientras dure el proceso judicial.
El sindicato también solicitó que la causa se amplíe e incluya a las médicas auditoras C.V.E., de Allen (Río Negro), y P.V.M., de Neuquén capital, por su presunta participación en el entramado fraudulento. Según el escrito, ambas habrían avalado operaciones simuladas y procedimientos irregulares, actuando como partícipes necesarias de la maniobra.
“Contrariando toda práctica médica habitual y razonable, autorizaron las operaciones simuladas, siendo partícipes necesarias de la maniobra pergeñada por los médicos”, señala uno de los pasajes del documento judicial.
La investigación del gremio detectó al menos 12 cirugías infantiles nunca realizadas entre enero y junio de 2024. Los procedimientos fueron facturados a nombre de afiliados, en su mayoría niños, con montos que alcanzan cifras millonarias.
“La evidencia es más que clara, incluso figuraban operaciones de alto riesgo cuando los pacientes eran dados de alta a los 45 minutos. No hay evidencia de pre ni postquirúrgico”, sostuvo Rucci.
El informe interno del sindicato detalla cada caso, incluyendo nombre del paciente, diagnóstico, fecha de autorización, cirugía declarada y los nombres de los médicos intervinientes. A partir de esos datos, la fiscal de Delitos Económicos Valeria Panozzo ordenó los allanamientos en los domicilios del anestesista y del traumatólogo infantil, donde se secuestraron teléfonos, notebooks, pendrives e historias clínicas.
“En la clínica no se encontró registro alguno de las prácticas. Se constató que ningún paciente infantil pasó por los quirófanos”, aseguró Hertzriken Velasco.
El detalle que destapó la maniobra
Según relató Rucci, la estafa se descubrió de manera fortuita, a partir de una charla con un afiliado. “Le preguntamos cómo seguía su hijo porque le habían colocado un yeso, y nos dijo que nunca lo operaron, que solo tuvo un golpe leve”, recordó.
Esa simple conversación derivó en una revisión interna de los registros médicos, donde se detectaron cirugías complejas facturadas pero jamás realizadas. Tras contactar a los padres, se comprobó que ninguno de los niños había sido intervenido.
“Encontramos operaciones de cadera, pierna y tobillo en pacientes que nunca pisaron un quirófano. Es indignante que se haya usado a menores en un esquema de estafa de esta magnitud”, expresó el dirigente sindical.
Rucci remarcó que el hecho “perjudica gravemente a la organización y a sus afiliados” y reclamó que la Justicia avance con rapidez. “Hay mucho que investigar, pero la evidencia es contundente. Esperamos que se esclarezca y que los responsables paguen por lo que hicieron”, concluyó.
Fuente: Medios
