El Congreso de la Nación cerró 2025 con el nivel más bajo de producción legislativa de los últimos diez años, al sancionar solo 13 leyes en total: 11 durante el período ordinario y dos en sesiones extraordinarias. El dato refleja un año atravesado por la polarización política, la parálisis administrativa y un oficialismo en minoría frente a una oposición con capacidad de bloqueo e iniciativa.
Según el balance anual, ninguna de las leyes aprobadas durante el período ordinario —entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre— fue un proyecto impulsado originalmente por el Poder Ejecutivo. De las 11 normas sancionadas en ese lapso, ocho correspondieron a iniciativas de la oposición, como el Financiamiento Universitario, aumentos a jubilaciones y la Ley Nicolás, mientras que las tres restantes fueron acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior.
Las únicas leyes promovidas por el oficialismo fueron aprobadas en extraordinarias este viernes: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
En paralelo, el presidente Javier Milei utilizó en siete oportunidades la facultad de veto. Sin embargo, el Congreso logró revertir tres de esas decisiones, insistiendo con las leyes sancionadas pese al rechazo del Ejecutivo.
Otro dato relevante del año fue el uso intensivo de los emplazamientos a comisión, una herramienta técnica poco frecuente. En 2025 se registraron 20, cuando el máximo histórico anual había sido de tres, lo que obligó al oficialismo a habilitar el debate de proyectos que buscaba postergar.
Además, por primera vez en años, el Congreso rechazó cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, limitando el margen de acción del Ejecutivo.
Un informe de Directorio Legislativo señaló que de las 22 sesiones realizadas durante el año, la mitad fueron especiales, lo que evidenció la dificultad para consensuar una agenda parlamentaria común.
Pese a este escenario, el oficialismo apuesta a que la nueva composición del Congreso tras las elecciones de octubre modifique la dinámica parlamentaria. Desde el Gobierno confían en que, a partir de 2026, se pase de una estrategia defensiva a una ofensiva, con mayor capacidad para impulsar su propia agenda legislativa.
Fuente: Medios
