La reforma de la Carta Orgánica de Bariloche comenzará este jueves con la entrega de certificados a los 15 convencionales constituyentes electos y la realización de la primera sesión de trabajo. El oficialismo, que cuenta con ocho bancas y una mayoría propia, buscará instalar una agenda de cambios vinculada con el funcionamiento del Estado municipal, la administración de los recursos y distintas cuestiones institucionales.
La presidencia de la Convención estará a cargo de la abogada Yanina Sánchez, quien presentó su renuncia a la asesoría letrada del Municipio para asumir esa función. Desde ese lugar, tendrá la responsabilidad de conducir las discusiones y llevar a la mesa de debate las propuestas del intendente Walter Cortés y sus aliados de JSRN.
Aunque el oficialismo tiene los votos necesarios para avanzar con sus iniciativas, la intención que transmitió el equipo de trabajo de Sánchez es buscar consensos con los distintos sectores políticos durante el proceso de reforma.
Cerro Catedral y el traslado del basural, dos prioridades
Entre los principales puntos que el oficialismo pretende incorporar a la nueva Carta Orgánica aparecen la protección del patrimonio del cerro Catedral y la necesidad de avanzar con el traslado del basural municipal.
En el primer caso, se buscará incorporar de manera permanente una disposición que actualmente figura como transitoria. Se trata de la número 18, que establece el carácter inalienable del patrimonio del cerro Catedral como parte del municipio.
El segundo eje estará relacionado con el cuidado ambiental y la necesidad de trasladar el basural. Si bien todavía no está definida la redacción del artículo que se propondrá, desde el oficialismo consideran que debe quedar establecido como una prioridad institucional.
Otro de los cambios que se buscará incorporar es la obligación de destinar un porcentaje del presupuesto municipal a la obra pública. Durante la campaña se mencionó la posibilidad de fijar ese piso en el 40%, aunque actualmente se analiza su viabilidad jurídica y la forma en que quedaría redactado.
En paralelo, podrían introducirse modificaciones en el Presupuesto Participativo, una herramienta que continúa vigente en la normativa, pero que dejó de funcionar en la práctica durante varias gestiones municipales.
También se estudia reorganizar los organismos de defensa de derechos y los entes de control. La propuesta contempla fusionar la Defensoría del Pueblo con la Oficina de Defensa del Consumidor, además de unificar distintos organismos de fiscalización. Quedarían exceptuados el ente que controla la concesión del cerro Catedral y el Emprotur.
Menos concejales y cambios en el empleo municipal
La integración del Concejo Deliberante también estará entre los puntos centrales de la reforma. El oficialismo pretende reducir la cantidad de representantes y fijar como objetivo una composición de siete bancas.
Para concretarlo será necesario modificar la fórmula vigente, que establece un concejal cada 10.000 habitantes. Una lógica de proporcionalidad similar se buscará aplicar a la cantidad de empleados de la administración municipal, vinculando la planta de personal con la población de la ciudad.
Además, se intentará limitar las funciones del Deliberante a su carácter estrictamente legislativo y establecer plazos para el tratamiento de los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo.
Otro cambio alcanzaría los requisitos de residencia para acceder a una banca: la propuesta es elevar de tres a diez años el tiempo de residencia exigido para ser electo.
En relación con los trabajadores municipales, el oficialismo buscará incorporar como marco normativo la ley provincial de empleo público.
Qué cambios se analizan para el Poder Ejecutivo y los Juzgados de Faltas
En cuanto a la estructura del Poder Ejecutivo, el oficialismo no proyecta modificar la duración de los mandatos ni el esquema de reelección. La propuesta es mantener la posibilidad de una sola reelección para el intendente. Tampoco se buscaría incorporar un sistema de segunda vuelta electoral o la figura de un viceintendente.
Otro de los puntos en discusión será la transformación de los actuales Juzgados de Faltas. La iniciativa plantea cambiar su denominación y funcionamiento para adoptar un modelo similar al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la figura de Contralor de Faltas Municipal.
Se mantendría el mecanismo de designación por concurso, aunque los actuales jueces deberían revalidar sus cargos. Estos organismos continuarían dependiendo del Poder Ejecutivo municipal.
Por último, entre las alternativas que se analizan aparece la incorporación de una herramienta similar a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que permitiría al intendente adoptar medidas ante situaciones excepcionales, sujetas posteriormente a la aprobación del Concejo Deliberante.
También se buscará precisar las condiciones para convocar a referéndums. La normativa actual permite que el intendente convoque hasta dos consultas populares por año sobre asuntos de interés para la comunidad, una facultad cuyo funcionamiento se pretende clarificar.
Fuente: Medios
