Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca establecer límites a los cortes del suministro eléctrico por deudas de micro y pequeñas empresas, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad comercial y productiva ante dificultades económicas.
La iniciativa fue presentada por el legislador Luciano Delgado Sempé, de Vamos con Todos, quien plantea que para miles de comercios y talleres de la provincia la energía eléctrica es una herramienta de trabajo esencial para sostener sus actividades.
El proyecto propone que las empresas que atraviesen dificultades para afrontar sus facturas puedan acceder a un régimen de regularización de deudas, sin que ello implique la condonación de los montos adeudados. Para ello, las empresas prestadoras, incluidas las cooperativas, deberían ofrecer un plan de pago antes de avanzar con la suspensión del servicio.
La propuesta contempla la posibilidad de financiar las deudas hasta en 60 cuotas, con la posibilidad de extender el plazo a 84 cuotas en casos debidamente justificados. Además, establece que el valor de la cuota no podrá superar el 50% de la facturación mensual promedio del establecimiento.
El texto también plantea un límite a la tasa de interés aplicable, que quedaría vinculada a las líneas de crédito administradas por Río Negro Fiduciaria S.A. De esta manera, se busca evitar que la financiación de la deuda se convierta en una carga que termine agravando la situación económica de las empresas.
Otro de los puntos centrales establece que la solicitud de adhesión al régimen suspenderá cualquier procedimiento de corte mientras se analiza el plan de regularización. Una vez formalizado el acuerdo, la reconexión deberá realizarse sin costo dentro de las 24 horas.
Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es que “el corte debe constituir la última instancia y no la primera respuesta” frente a una deuda. El proyecto busca así preservar el suministro eléctrico mientras las empresas encuentran una alternativa para regularizar su situación.
Para aplicar el régimen, se propone crear una Mesa Provincial de Energía, presidida por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) e integrada por representantes de las cámaras empresarias regionales y del área provincial con competencia en energía. El organismo tendría entre sus funciones establecer los criterios de aplicación y publicar mensualmente la tasa máxima permitida.
La iniciativa incorpora además una cláusula de neutralidad tarifaria, por la cual los mayores costos financieros derivados de la aplicación del régimen no podrán trasladarse a las tarifas del resto de los usuarios.
Quedarían excluidas las deudas originadas en conexiones clandestinas o adulteración de medidores, así como los usuarios que hayan incumplido un plan de regularización anterior durante los últimos 12 meses.
