Un grupo de legisladores presentó un proyecto para modificar la Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública de Río Negro, con el objetivo de ampliar los controles patrimoniales y garantizar el acceso ciudadano a las declaraciones juradas de los funcionarios.
La iniciativa propone un sistema digital integral, administrado por el Tribunal de Cuentas, para confeccionar, presentar, verificar, registrar y publicar las declaraciones juradas. Estas deberán estar disponibles de manera gratuita y sin restricciones en un sitio web oficial, bajo criterios de datos abiertos, preservando información que pueda afectar la seguridad o privacidad familiar.
El proyecto también actualiza los bienes que deben declararse e incorpora criptomonedas, billeteras virtuales, tokens, activos financieros en el exterior, participaciones societarias, ingresos, deudas y créditos. Además, contempla cruces de información con organismos nacionales, provinciales y municipales y alertas automáticas ante posibles inconsistencias o variaciones patrimoniales significativas.
Cuando se detecten incrementos patrimoniales desproporcionados, el Tribunal de Cuentas deberá comunicarlo al organismo correspondiente y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que tendrá hasta 60 días hábiles para iniciar actuaciones. Al dejar la función, los funcionarios deberán presentar una declaración actualizada y obtener una certificación patrimonial.
La propuesta eleva a diez años el plazo de conservación de las declaraciones juradas y establece restricciones para la designación de familiares de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, con excepciones para quienes accedan por concurso o ya cuenten con estabilidad. El proyecto fue impulsado por Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich, Daniel Sanguinetti, Marcela González Abdala y Martina Lacour.
Fuente: Legislatura de Río Negro.
