La Cooperativa CALF inició una ofensiva sin precedentes contra el fraude eléctrico en sectores de alto poder adquisitivo. Tras auditorías técnicas sorpresivas, los equipos del área de Disciplina de Mercado detectaron que más de 30 propiedades en barrios cerrados de lujo presentaban conexiones ilegales o medidores adulterados, registrando consumos mínimos a pesar de su elevado uso de energía.
Las revisiones, intensificadas durante la última semana, evidenciaron maniobras de alta complejidad técnica: casas de lujo de más de 350 m², con piscinas climatizadas, sistemas de climatización permanente y consumos eléctricos intensivos, que en muchos casos eran derivados directamente de la red sin pasar por el medidor.
“Estamos ante un hurto premeditado en usuarios de alto poder adquisitivo que utilizan la privacidad de los barrios cerrados para ocultar la manipulación de la energía”, explicaron fuentes de CALF. Uno de los operativos más destacados se realizó en la urbanización La Zagala, sobre la costa del río Limay, donde se detectó una conexión subterránea directa que eludía por completo la medición oficial.
Ante la evidencia, CALF cortó de inmediato el servicio, retiró y precintó los medidores y inhibió la conexión a los inmuebles. Además, se aplicarán multas correspondientes, se facturará el consumo no registrado de manera retroactiva y se exigirá la adecuación total de las instalaciones antes de restablecer el suministro.
La cooperativa también evaluará acciones penales por hurto de energía, que se llevarán adelante ante el Ministerio Público Fiscal en caso de corresponder.
Riesgo para la seguridad y la comunidad
CALF recordó que estas conexiones clandestinas representan un peligro para la seguridad pública, pudiendo provocar incendios, fallas críticas en la red de media tensión y accidentes que afectan tanto a los vecinos como a los trabajadores de la cooperativa. Además, el impacto económico de estos fraudes recae sobre el resto de los asociados y la calidad del servicio.
La conducción de CALF aseguró que continuarán con este tipo de controles en toda la población atendida. “La transparencia y el pago del servicio no admiten privilegios ni fronteras de seguridad”, concluyeron.
Fuente: Medios.
