Mientras la Justicia ya definió penas de 6 y 9 años de prisión efectiva por el asesinato del periodista neuquino Juan Caliani, ocurrido el 1 de abril de 2024 en su vivienda del barrio La Sirena, el fiscal Germán Martín puso el foco en el entramado social y familiar de los dos adolescentes condenados. Un análisis que cobra relevancia en un contexto marcado por denuncias de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia contra vecinos y personas que declararon en el juicio, y que expone que el conflicto no se cerró con la sentencia.
El juicio por el crimen de Caliani no solo reveló los detalles del homicidio que conmocionó a la ciudad de Neuquén, sino también una trama social que sigue generando tensión luego del fallo. En ese marco, Martín profundizó sobre el entorno familiar y social de los adolescentes, un aspecto que —según explicó— fue central durante todo el proceso judicial y hoy vuelve a estar bajo la lupa.
“Son dos chicos con realidades distintas”, señaló el fiscal al referirse a los jóvenes que admitieron su participación en el crimen y fueron condenados. En su análisis, remarcó que uno de ellos creció en un contexto de extrema vulnerabilidad, atravesado por abandono, negligencia parental y carencias estructurales que marcaron su desarrollo desde la infancia.
Sin embargo, fue categórico al diferenciar la situación del otro adolescente condenado, cuya responsabilidad —a su entender— resulta más reprochable desde el punto de vista penal. “Es un chico de una familia constituida, de clase media o media baja, trabajadora, que tuvo otras condiciones de inicio y mayores oportunidades”, explicó. En ese caso, sostuvo que, pese a la existencia de dispositivos estatales, acompañamiento y recursos disponibles, los abordajes realizados no lograron generar un impacto positivo.
El fiscal confirmó además que el entorno cercano de uno de los condenados está vinculado a conflictos previos y posteriores al fallo, en referencia a denuncias por amenazas y hostigamientos contra personas que declararon en el juicio y vecinos del barrio. “Ese último chico es el que tiene conflicto con una vecina”, puntualizó Martín, al aclarar que se trata de situaciones que continúan bajo análisis judicial y mantienen en alerta a las autoridades.
Estas declaraciones se inscriben en el marco de las reiteradas denuncias públicas realizadas por Isabel Navarrete, vecina del joven condenado, quien aseguró haber sido víctima de amenazas de muerte, agresiones físicas y un clima de intimidación constante, que se habría intensificado luego de su declaración en el juicio por el asesinato de Caliani.
Según relató en entrevistas radiales, recibió amenazas explícitas contra su vida y la de sus nietos. “Me dijeron que iban a entrar a mi casa y a matarme a mí y a mis nietos. ‘Yo ya sé matar’, me dijeron”, expresó. Entre los hechos denunciados mencionó ataques con pirotecnia, daños materiales, insultos, gestos obscenos y vigilancia permanente, que —según afirmó— serían protagonizados por el joven condenado, su pareja y otros integrantes de su entorno familiar.
El asesinato de Juan Caliani ocurrió cuando los adolescentes ingresaron a su vivienda con fines de robo, hecho que derivó en su muerte. Ambos aceptaron su responsabilidad mediante un juicio abreviado. El juez de la Niñez y Adolescencia, Dardo Bordón, resolvió imponer 6 años de prisión efectiva al adolescente que sostuvo a la víctima y 9 años de prisión efectiva a quien la apuñaló.
No obstante, las denuncias por amenazas y hostigamientos posteriores exponen que el impacto del crimen sigue activo en el territorio y que el entorno de uno de los condenados continúa siendo un factor de tensión para la comunidad. En ese sentido, el análisis del fiscal Martín no solo busca explicar el pasado de los jóvenes, sino también advertir sobre un presente en el que la violencia no se disolvió con el fallo judicial y donde las consecuencias del asesinato de Caliani continúan fuera de la sala de audiencias.
Fuente: Medios
