La causa conocida como la “Secta rusa de Bariloche” incorporó un testimonio clave que podría marcar un punto de inflexión en la investigación. Elena Makarova, señalada por la Fiscalía como presunta víctima de trata de personas, declaró durante varias horas en Cámara Gesell y negó de manera categórica haber sido explotada, manipulada o privada de su libertad durante su estadía en la ciudad rionegrina.
En su relato, Makarova abordó su llegada a la Argentina, el embarazo, el parto y el trato recibido por organismos estatales y autoridades judiciales. Desde el inicio fue contundente: afirmó que viajó al país por decisión propia, con el objetivo de “estar tranquila y dar a luz en un lugar seguro”.
Actualmente, la Fiscalía de Bariloche mantiene imputadas a 21 personas por presunta trata de personas y reducción a la servidumbre con fines de explotación sexual, entre ellas Konstantin Rudnev, señalado como líder de una organización internacional y detenido con prisión preventiva. Sin embargo, al ser consultada sobre él, Makarova negó conocerlo y aseguró que durante su estadía en Bariloche vivió acompañada por una amiga, se movió con libertad y nunca fue condicionada por terceros.
La joven explicó que llegó a la Argentina en enero de 2025, embarazada y luego de atravesar una relación violenta en Rusia. Indicó que eligió Bariloche por recomendación de conocidos y por la tranquilidad del lugar, con la idea de tener a su bebé y regresar a su país pocas semanas después, un plan que, según remarcó, nunca fue modificado ni interferido por otras personas.
Uno de los ejes centrales de su testimonio fue la barrera idiomática. Makarova señaló que no habla español ni inglés y que dependía completamente de traductores para comunicarse con médicos y autoridades. En ese contexto, mencionó a Svetlana Komkova, a quien describió como una figura de apoyo, y a Nadezhda Belyakova (conocida como Angelina), actualmente imputada, quien la asistió durante su estadía.
El momento del parto ocupó un tramo relevante de su declaración. Relató que inicialmente se negó a una inducción porque deseaba un parto natural, pero que finalmente fue sometida a una cesárea tras advertencias médicas sobre posibles riesgos. Según describió, luego de la intervención atravesó un estado de extrema debilidad, con pérdida de sangre y desorientación. “No sentía las piernas, me dormía y me despertaba”, recordó, y afirmó que no comprendía lo que ocurría a su alrededor debido a la falta de traducción adecuada.
En ese contexto, denunció un episodio que calificó como grave: el ingreso de una mujer a su habitación que le retiró el teléfono celular sin explicaciones. Poco después, según relató, llegaron efectivos policiales que intentaron comunicarse con ella mediante un traductor automático que no funcionaba correctamente. “No había comunicación”, insistió.
Tras recibir el alta médica, Makarova fue alojada en refugios estatales, donde describió un escenario de aislamiento, restricciones y precariedad. Afirmó que no contaba con teléfono propio, que la comunicación con su madre era mínima y que pasó largos períodos sin salir al exterior. “Sin hablar con mi mamá, me siento mal”, expresó, y agregó: “No vimos la luz del sol durante más de un mes”.
También relató dificultades para cuidar a su hijo recién nacido, como la falta de insumos básicos, ropa lavada a mano y comida fría por no poder soltar al bebé. A esto se sumaron episodios de ansiedad permanente: “Si no escucho su respiración, me asusto y voy a ver si está vivo”.
En relación con la documentación, explicó que solo contaba con la partida de nacimiento del niño y denunció errores en la inscripción del apellido en el Hospital Zonal Ramón Carrillo, que atribuyó a diferencias culturales y lingüísticas. “En Rusia se van a reír”, dijo al explicar por qué solicitó corregir una letra del apellido.
Al cierre de su testimonio, Makarova expresó su principal pedido: volver a su país de origen. Solicitó la devolución de sus documentos, su teléfono y la autorización para regresar a Rusia con su hijo, donde aseguró que actualmente ya se encuentra residiendo.
Además, presentó una querella penal y una recusación formal contra los fiscales Tomás Labal, Gustavo Revora y Rodrigo Treviranus, a quienes acusó de actuar sin objetividad, impedir su defensa y someterla a maltrato institucional. También apuntó contra profesionales del Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde transitó el final del embarazo y el parto bajo custodia.
De este modo, Elena Makarova sostuvo ante la Justicia que “no es víctima de nada ni de nadie”, contradijo de forma directa la hipótesis fiscal y dejó planteadas graves denuncias sobre el accionar institucional en una de las causas más sensibles y resonantes de los últimos tiempos en Bariloche.
Fuente: Medios
