La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Ariel de Vicentis, jefe de seguridad del barrio privado Nordelta, por su presunta intervención para obstaculizar el allanamiento realizado en agosto de 2025 en la vivienda del empresario Jonathan Kovalivker. El procedimiento se enmarca en la causa que investiga un supuesto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
De Vicentis había sido procesado por el entonces juez federal Sebastián Casanello por los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo del acto funcional y encubrimiento. Según la investigación, el 21 de agosto, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad se presentaron para ejecutar la orden judicial, el jefe de seguridad realizó llamados para interiorizarse sobre el procedimiento e impartió instrucciones internas vinculadas al manejo de la información.
En el expediente también se incorporaron mensajes enviados al grupo de WhatsApp “Supervisores AVN”, integrado por personal de seguridad del barrio. Allí se habría indicado que ningún agente debía suministrar datos sobre identidad, ingresos o egresos de vecinos sin intervención del área legal. Para los camaristas Alberto Lugones y Néstor Barral, las evidencias reunidas resultan suficientes para sostener que existieron maniobras orientadas a entorpecer el diligenciamiento del allanamiento.
El episodio derivó en la salida de Jonathan Kovalivker a bordo de un Audi mientras la orden judicial estaba en ejecución. Además, se detectó un llamado al 911 denunciando la presencia de “falsos policías”, realizado desde un teléfono registrado a nombre de la Asociación Vecinal Nordelta.
La confirmación del procesamiento se produce tras la salida de Casanello del expediente principal. El juez federal Ariel Lijo quedó al frente del Juzgado Federal 11 de Comodoro Py, donde tramita la causa ANDIS, mientras que el fiscal Franco Picardi continúa a cargo de la investigación.
En la causa ya fueron procesadas 19 personas, entre ellas el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita. Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, propietarios de la Droguería Suizo Argentina, no fueron incluidos en la primera tanda de procesamientos, aunque su situación judicial continúa bajo análisis dentro del expediente.
Fuente: Medios
