El Tribunal Oral Federal N°7 avanzó este jueves con la lectura del requerimiento de elevación a juicio en el expediente conocido como Causa Cuadernos, basado en los escritos de Oscar Centeno, con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en el tramo denominado “La Camarita”.
Durante la undécima audiencia del debate, el organismo antilavado sostuvo ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habría recibido 175 pagos ilegales por un total de 171.224.710 pesos y 613.000 dólares.
Según la presentación de la UIF, una de las empresas con vínculos comerciales con la entonces mandataria realizó 40 entregas de dinero ilícito que superaron los 85 millones de pesos. Para el organismo, existió un “acuerdo espurio” entre funcionarios y empresarios que permitió sostener durante años un sistema de retornos asociado a contratos de obras y servicios públicos.
La audiencia
La lectura del requerimiento se extendió por casi cinco horas y detalló un mecanismo que se apoyaba en resoluciones firmadas por Nelson Periotti, entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad. En ese esquema, los anticipos financieros oscilaban entre el 10% y el 20% del monto de las obras, o bien se establecían montos equivalentes a certificados de obra cuando esos anticipos no se concretaban.
En ese entramado, la UIF atribuyó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, un rol central en la implementación del sistema desde la cartera que conducía. Su segundo, José López, habría coordinado el esquema, mientras que el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, se habría encargado de ejecutarlo. El circuito se completaba con la intervención del financista Ernesto Clarens, señalado como el recaudador del dinero.
El TOF 7 también dio lectura a los cargos por aceptación de dádivas. “Se recibieron pagos ilegales en 175 oportunidades”, afirmó la querella, que en la misma línea atribuyó responsabilidades como coautores a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Ernesto Clarens.
De acuerdo con la acusación, los sobornos se habrían pagado entre enero de 2008 y septiembre de 2010 y luego habrían sido entregados a Daniel Muñoz, fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner. Clarens aportó además un archivo de Excel con un detalle de fechas y montos de cada una de las entregas.
Para la UIF, el sistema de recaudación funcionaba de manera “aceitada y piramidal”, con Néstor y Cristina Kirchner como destinatarios finales de los fondos ilegales.
El organismo antilavado remarcó que las empresas que más sobornos habrían pagado fueron JCR S.A., perteneciente a la familia Relats. Según el requerimiento de elevación a juicio, esa firma realizó 40 pagos por 85.493.691 pesos entre 2011 y 2013 y, en paralelo, fue beneficiada con 44 obras adjudicadas por Vialidad Nacional por más de 5.294 millones de pesos, la mayoría otorgadas de manera exclusiva.
La acusación también destacó el vínculo comercial entre los Kirchner y el Grupo Relats a través del complejo hotelero Los Sauces. Víctor Manzanares, ex contador del matrimonio presidencial, declaró como imputado colaborador y sostuvo que el alquiler del hotel funcionó como uno de los principales mecanismos de ingreso al patrimonio familiar.
Según su testimonio, el grupo alquiló el complejo durante 11 años por un canon mensual cercano a los 90 mil dólares, lo que habría generado entre 10 y 11 millones de dólares “en blanco”.
En el tramo conocido como “La Camarita” también se mencionó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, junto a Osvaldo De Sousa, a quienes se les atribuyen cinco sobornos por unos 14 millones de pesos, pagados entre 2011 y 2012 a través de la constructora CPC S.A.
Fuente: Medios
