La etapa de apelaciones en la causa Planes Sociales de Neuquén comenzó con cambios en las defensas de dos de los 12 condenados. Según trascendió, ambos dejaron de contar con abogados particulares y pasaron a ser representados por la Defensa Pública: en un caso, por la renuncia del letrado y, en el otro, por dificultades para afrontar los honorarios.
Las modificaciones se concretaron después de que se conociera la sentencia del Tribunal de Impugnación, integrado por Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno. El 20 de agosto, ese cuerpo revocó por unanimidad la absolución por asociación ilícita y declaró responsables a los doce acusados por ese delito, en concurso real con administración fraudulenta agravada.
La resolución modificó el fallo de primera instancia, que había sido dictado en diciembre. La revisión se produjo luego de los planteos impulsados por la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, por instrucciones del gobernador Rolando Figueroa.
Con la incorporación de los nuevos representados, la Defensa Pública amplió su intervención en el expediente, donde ya actuaban Laura Giuliani, Carolina Johansen y Juan Pablo Piombo.
Entre quienes mantienen abogados particulares se encuentran Tomás Siegenthaler, excoordinador del Ministerio de Desarrollo Social, y Laura Reznik, representados por Pablo Gutiérrez. Abel Di Luca, por su parte, continúa asistido por Gonzalo Rodríguez.
Las vías para cuestionar el fallo
La nueva calificación legal dejó sin efecto las penas establecidas en diciembre y obligará a realizar una nueva audiencia para determinar las sanciones correspondientes. Mientras tanto, ninguno de los doce condenados tiene una condena firme.
Las defensas evalúan dos caminos para intentar revertir la decisión. Uno es la revisión horizontal, que consiste en solicitar que otra integración del Tribunal de Impugnación vuelva a examinar la incorporación del delito de asociación ilícita.
La otra vía son las impugnaciones extraordinarias presentadas ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el máximo órgano judicial de la provincia. Allí intervienen los vocales Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.
Los planteos buscan cuestionar la decisión que modificó el alcance de las responsabilidades penales y evitar que se mantenga la nueva calificación del delito y las eventuales penas de prisión.
El destino de los fondos de los planes sociales
Uno de los puntos centrales del expediente es el destino del dinero obtenido mediante extracciones bancarias y el cobro de cheques endosados por personas que no eran beneficiarias de los planes sociales.
En el juicio se describió un mecanismo de recolección de fondos que, según lo expuesto, incluía la preparación de sobres con dinero y su posterior entrega a referentes políticos de Neuquén. Esa estructura fue identificada en el expediente como la denominada «Caja Azul».
En la sentencia de primera instancia, los jueces Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita consideraron que la Fiscalía no había demostrado que los acusados fueran los destinatarios finales de la maniobra.
Sin embargo, el tribunal aclaró que para configurar el delito de administración fraudulenta no era indispensable acreditar un enriquecimiento personal de los imputados.
De acuerdo con el fallo, los fondos habrían alimentado una estructura de referentes vinculados al Movimiento Popular Neuquino (MPN). Hasta el momento, ningún dirigente político fue imputado en el marco de esta causa.
La discusión sobre las responsabilidades, la calificación legal y las penas continuará ahora en las distintas instancias de revisión judicial.
Fuente: Medios
