El uso de teléfonos celulares en cárceles volvió al centro del debate en Río Negro, tras un planteo para implementar sistemas de bloqueo de señal en las unidades penitenciarias provinciales.
El pedido surge luego de que el Gobierno nacional habilitara la instalación de dispositivos inhibidores en cárceles federales, lo que reactivó iniciativas similares a nivel local. En ese marco, el legislador Juan Martin recordó que ya existe un proyecto presentado en 2025 con ese objetivo.
Según explicó, la medida apunta a evitar que personas detenidas continúen cometiendo delitos desde prisión mediante el uso de celulares ingresados de forma ilegal. Entre las prácticas mencionadas figuran extorsiones, secuestros virtuales, fraudes bancarios y coordinación de bandas delictivas.
La decisión nacional se apoya en la Ley 24.660, que regula la ejecución de la pena y establece límites a las comunicaciones no autorizadas dentro de los penales. A partir de esa normativa, se avanzó en el uso de tecnología para restringir señales dentro de los establecimientos.
El esquema contempla además que los sistemas cuenten con ajustes técnicos para no afectar la conectividad fuera de las cárceles, evitando inconvenientes para vecinos de zonas cercanas.
Desde el bloque impulsor remarcaron que el derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad no está en discusión, pero debe canalizarse a través de medios formales y supervisados, y no mediante dispositivos prohibidos.
En ese contexto, se plantea que Río Negro podría adherir a la resolución nacional y avanzar con herramientas similares, en un debate que vuelve a exponer las falencias de control dentro del sistema penitenciario.
