China ya representa el 70% de las importaciones textiles que ingresan a la Argentina, en un escenario marcado por la desregulación del comercio exterior y la expansión de plataformas digitales de venta directa. Así lo señala un informe de la Fundación Pro Tejer, que alerta sobre el impacto de este fenómeno en la industria local y en más de 500.000 puestos de trabajo vinculados al sector textil.
Según el relevamiento, las prendas de origen chino ingresan al país sin certificaciones de calidad, sin valores de referencia, sin etiquetado ni trazabilidad y, en muchos casos, sin el pago de impuestos, lo que genera una competencia desigual frente a los fabricantes nacionales. Esta situación afecta no solo a la producción, sino también a la red comercial y a toda la cadena de valor del sector.
El avance de China se aceleró en los últimos años. En apenas tres años pasó de representar poco más de la mitad de las importaciones textiles a concentrar siete de cada diez prendas que ingresan al país. Entre enero y octubre de 2024 y el mismo período de 2025, las importaciones chinas crecieron un 109%, frente a un aumento promedio del 89% del total importado. La concentración es aún mayor en algunos rubros: en tejidos de punto alcanza el 94%, en indumentaria el 71% y en confecciones terminadas el 68%.
El informe atribuye este crecimiento a dos factores principales. Por un lado, la eliminación de regulaciones comerciales que funcionaban como mecanismos de control, como las declaraciones juradas de composición, los valores criterio de importación y los controles de etiquetado y talles. Por otro, el uso intensivo del régimen courier y la expansión de plataformas digitales como Shein, AliExpress y Temu, que venden directamente al consumidor argentino mediante envíos de bajo valor y con menores exigencias aduaneras.
A esto se suman los subsidios estatales chinos a los envíos internacionales, que reducen los costos logísticos y permiten ofrecer precios finales muy inferiores a los de la producción local. La Fundación Pro Tejer advierte que este modelo de “ultrafast fashion” combina escala productiva y digitalización, pero se apoya en condiciones laborales, ambientales y de trazabilidad que no cumplen con estándares internacionales.
Mientras tanto, otros países avanzan en regulaciones más estrictas. Francia aprobó una ley contra la moda ultrarrápida que prevé un eco-impuesto por prenda y restricciones publicitarias; la Unión Europea discute eliminar la exención impositiva a envíos de bajo valor; Estados Unidos eliminó el régimen de ingreso sin aranceles para paquetes menores a 800 dólares; y México comenzó a gravar con un 33,5% las compras en plataformas de países sin acuerdos comerciales.
En la Argentina, el diputado Miguel Ángel Pichetto impulsó una iniciativa para aplicar aranceles, exigir registración y equiparar las condiciones tributarias de las plataformas extranjeras con las del comercio local. El objetivo es reducir las asimetrías competitivas y restablecer reglas de competencia más equitativas.
El informe concluye que, aunque la ropa barata puede parecer un beneficio inmediato para el consumidor, el costo colectivo incluye pérdida de empleo, debilitamiento de la producción nacional y menor recaudación fiscal. Además, advierte que los consumidores reciben productos sin garantías de calidad, origen ni controles sanitarios o ambientales.
Fuente: Medios
