Las principales cámaras empresarias del sector pesquero le enviaron una dura carta en la que advierten sobre el posible otorgamiento irregular de permisos a la empresa Red Chamber Argentina, y alertan que una decisión de ese tipo podría poner en riesgo la sustentabilidad biológica del recurso, la estabilidad jurídica y la reputación internacional del sector.
El reclamo, firmado por la Cámara Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Flota Amarilla (CAFACh), la Cámara del Golfo y Conarpesa, apunta directamente al Gobierno provincial. Las entidades aseguran que el Ejecutivo estaría analizando habilitar nuevos permisos “por vías institucionales excepcionales”, fuera del procedimiento técnico y administrativo establecido. En términos simples, acusan al gobierno de intentar saltear los controles habituales para beneficiar a una empresa específica.
“Utilizar mecanismos ajenos al procedimiento reglado genera un grave precedente”, advierten las cámaras en la carta enviada al mandatario. El texto subraya además que cualquier incremento en el esfuerzo pesquero debe basarse en “informes técnicos y evidencia científica irrefutable”, para garantizar la sustentabilidad biológica del recurso.
Pero el documento va más allá: denuncia un clima de “inseguridad jurídica y falta de transparencia”, al señalar que la discrecionalidad en el otorgamiento de permisos “afecta la igualdad de condiciones entre los actores del sector y contradice los valores de transparencia que dice defender este gobierno”.
El malestar del sector no es nuevo, pero esta vez el tono es abiertamente crítico. Las cámaras remarcan que una medida de este tipo podría incluso hacer que Chubut pierda la certificación internacional de sostenibilidad MSC, que demandó años de trabajo, inversión y auditorías.
“Se trata de un sello de calidad que posiciona a la provincia en los mercados internacionales más exigentes. Un error político podría hacer retroceder al sector una década”, alertan.
El documento cierra con un pedido concreto a Torres: que cualquier decisión se tome “dentro del marco institucional, técnico y administrativo correspondiente”, y que no se utilicen decretos ni mecanismos de excepción.
Mientras tanto, en Rawson el silencio oficial alimenta las sospechas. En medio de la crisis política que atraviesa su gestión tras la derrota electoral, el gobernador enfrenta ahora la desconfianza de uno de los sectores que más divisas genera para la provincia. Lo que empezó como una carta de advertencia podría convertirse en un nuevo frente de conflicto para un gobierno que, lejos de estabilizarse, sigue acumulando frentes abiertos.
