Chubut inauguró nuevas oficinas para la protección de derechos de niños y adolescentes en dos comunas

Los espacios, impulsados junto a UNICEF, funcionarán en Los Altares y Las Plumas para brindar asistencia y acompañamiento ante situaciones de vulneración de derechos.

El Gobierno de Chubut inauguró nuevas oficinas de los Servicios de Protección de Derechos Mancomunados en las comunas de Los Altares y Las Plumas, con el objetivo de fortalecer la atención, el acompañamiento y la respuesta institucional ante situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con UNICEF y forma parte de una estrategia destinada a ampliar la presencia de los sistemas locales de protección en comunidades rurales, mediante el trabajo coordinado entre organismos provinciales, gobiernos comunales e instituciones locales.

Además de la apertura de las oficinas, ambas localidades avanzan en la implementación de Planes de Acción Local para fortalecer las políticas públicas vinculadas a la niñez y la adolescencia. Entre las principales acciones previstas se encuentran la elaboración de protocolos para abordar casos de violencia intrafamiliar, consumos problemáticos, bullying y otras situaciones detectadas como prioritarias por las propias comunidades.

Durante el acto de inauguración, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que la iniciativa busca garantizar el acceso a los mismos derechos y oportunidades para todos los niños y adolescentes de la provincia, independientemente del lugar donde vivan.

Por su parte, el jefe comunal de Las Plumas, Sergio Bowman, valoró el trabajo conjunto entre la Provincia y UNICEF y sostuvo que las nuevas herramientas permitirán detectar con mayor rapidez las problemáticas sociales y brindar respuestas coordinadas a las familias de ambas localidades.

Con la puesta en funcionamiento de estas oficinas, el Gobierno provincial busca consolidar una red de protección más cercana en las comunas rurales, fortaleciendo la articulación entre el Estado, las instituciones educativas, los centros de salud y las fuerzas de seguridad.

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