La causa por la mayor estafa con planes sociales registrada en Neuquén ingresa este martes en una fase clave: la definición de las penas para los 12 condenados por una maniobra que desvió más de $1.000 millones originalmente destinados a programas de asistencia social.
Tras la sentencia de responsabilidad penal, el juicio oral retoma su marcha para establecer las condenas que deberá cumplir cada imputado. La fiscalía adelantó que pedirá prisión efectiva para los principales responsables.
Los jueces Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita retomarán el estrado luego de dirigir más de 30 audiencias durante el juicio. La acusación estará encabezada por los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez, con Gustavo Kohon como representante de la Fiscalía de Estado.
El Tribunal descartó finalmente la figura de asociación ilícita y condenó a los imputados por administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra la administración pública.
Los coautores condenados son: Orlando Abel Di Luca (quien se desempeñaba en el momento de los hechos como ministro de Desarrollo Social), Tomás Siegenthaler (coordinador provincial), Ricardo Nicolás Soiza (director de Planes Sociales), Luis María Gallo (director de Finanzas), Laura Carolina Reznik (directora de Finanzas), Julieta Mariana Oviedo (directora de Tesorería) y Néstor Pablo Sánz (director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social).
Como partícipes primarios, fueron hallados responsables Valeria Noemí Honorio, Isabel Natalia Montoya, Marcos Ariel Osuna (jefe de Informática de la Dirección de Planes Sociales), Emanuel Rodolfo, Victoria Contreras y Alfredo Cury.
El proceso había iniciado con 14 imputados, pero la fiscalía retiró la acusación contra dos funcionarios de menor rango, quienes resultaron absueltos por unanimidad.
Cómo operó la maniobra: más de 9.300 operaciones fraudulentas
La investigación determinó que los hechos ocurrieron entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022. Según la fiscalía, existía una estructura con roles definidos que manipuló tarjetas de débito emitidas a beneficiarios que, en muchos casos, jamás manejaron esas cuentas.
Se acreditaron 9.303 operaciones fraudulentas, con un perjuicio histórico de $153.377.900 que, actualizado, supera los 1.000 millones de pesos.
Durante el debate también se sostuvo que los fondos desviados no solo beneficiaron a personas particulares, sino que habrían sido utilizados para fortalecer la estructura política del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Según la acusación, operaba un entramado político con reclutadores, punteros y extracciones sistemáticas de dinero mediante tarjetas y cheques.
Nueve imputados ya contaban con condenas anteriores por admitir maniobras vinculadas a retiros de dinero en cajeros automáticos y mediante cheques.
Qué se debate desde este martes: agravantes, atenuantes y perfiles
La audiencia de hoy estará enfocada en definir la pena correspondiente a cada condenado, evaluando agravantes y atenuantes según lo establece el Código Penal.
Uno de los agravantes centrales que planteará la fiscalía será la magnitud del daño causado. Para ello declarará la subcontadora general de la Provincia, Vanina Barrionuevo, quien detallará cómo los fondos desviados estaban dirigidos a sectores en extrema vulnerabilidad.
“Hubo afectación concreta a derechos de personas vulnerables”, anticipó Kohon al adelantar el enfoque del Ministerio Público.
Durante el juicio, el Tribunal sostuvo que no se probó que los imputados se quedaran con el dinero. En cambio, sí quedó acreditado que los fondos se utilizaron para actividades políticas del MPN. Esto obligó a la fiscalía a adaptar su estrategia para la instancia de determinación de penas.
En la etapa oral, el Ministerio Público había intentado demostrar que algunos acusados habían adquirido bienes, como terrenos, vehículos o incluso un centro de estética, con fondos ilícitos, pero esa hipótesis fue descartada.
La investigación se convirtió en uno de los expedientes más complejos y extensos de la provincia. Las más de 30 audiencias mostraron un esquema sostenido en cambios irregulares de beneficiarios, falsificación de firmas, manipulación de tarjetas y retiros de fondos que debían destinarse a asistencia social. Los jueces remarcaron el daño estructural al sistema estatal de ayuda y el impacto directo sobre personas que dependían de ese dinero para subsistir.
Lo que viene: ¿prisión efectiva o penas condicionales?
La fiscalía insistirá en que los principales responsables reciban penas de prisión efectiva, fundamentando caso por caso. Las defensas, en cambio, buscarán minimizar el impacto penal alegando atenuantes personales y cuestionando algunos antecedentes incorporados al proceso.
Las audiencias podrían extenderse durante toda la semana y serán determinantes para saber si los condenados irán a prisión o accederán a penas de ejecución condicional.
Fuente: Medios.
