La investigación judicial por el presunto desvío de fondos públicos a través de la cooperativa Viento Sur en Neuquén avanza lentamente bajo la figura de causa compleja y abre una discusión que va más allá de las responsabilidades penales: si existió una maniobra fraudulenta organizada o si el propio Estado provincial operaba con un sistema administrativo débil, desordenado y con escasos controles internos.
La causa investiga una presunta defraudación de más de 1.208 millones de pesos, vinculada al denominado “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado mediante el decreto 1672/22 durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez.
Ese programa surgió en un contexto de fuerte conflictividad social en Neuquén, marcado por protestas, acampes y cortes sobre la Avenida Argentina. En ese escenario, distintas organizaciones sociales y sectores políticos conformaron posteriormente la cooperativa Viento Sur, con el objetivo de canalizar recursos estatales destinados a asistencia y contención social.
Entre los imputados aparecen dirigentes sociales, integrantes de la cooperativa y también los exministros de Desarrollo Social Abel Di Luca y Germán Chapino, señalados por la Fiscalía por haber autorizado pagos mensuales sin controles administrativos suficientes ni rendiciones adecuadas.
Según la acusación, las transferencias comenzaron incluso antes de la firma formal del decreto y continuaron entre julio de 2022 y diciembre de 2023. La imputación está encuadrada bajo las figuras de administración fraudulenta agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Cooperativa Viento Sur en Neuquén: planes sociales y conflictividad
La Fiscalía sostiene que fondos destinados originalmente a capacitaciones laborales habrían sido utilizados para otros fines, entre ellos pagos directos a beneficiarios, transferencias personales, compra de vehículos, adquisición de terrenos y constitución de plazos fijos.
En la investigación también aparece el referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, señalado como uno de los presuntos organizadores de la maniobra.
Sin embargo, a medida que avanzan las pericias y el análisis de expedientes administrativos, empieza a surgir otro eje dentro del expediente. Distintos informes de la Contaduría General de la Provincia ya habían detectado durante 2022 y 2023 inconsistencias en la documentación presentada por la cooperativa.
Las auditorías marcaron irregularidades como duplicidad de subsidios, diferencias en montos declarados, falta de documentación respaldatoria, listados incompletos de beneficiarios y ausencia de programas de capacitación claros.
Incluso algunos informes internos advertían que las transferencias realizadas “no resultaban compatibles” con el objeto original del programa, pensado para capacitaciones y no para aportes económicos directos.
No obstante, uno de los puntos que comienza a tomar fuerza en la estrategia defensiva es que el propio decreto 1672/22 no establecía con precisión un régimen detallado de rendiciones de cuentas, como el que hoy se encuentra en el centro de la acusación penal.
La defensa de los exfuncionarios también buscará sostener que el contexto social de la época obligaba políticamente a sostener los pagos para evitar conflictos y cortes permanentes.
“Había un conflicto social y las órdenes eran políticas”, deslizó una fuente vinculada a la causa, que además rechazó la hipótesis de enriquecimiento personal de los funcionarios.
Otro dato que aparece dentro del expediente es que recién hacia noviembre de 2023 la Contaduría comenzó a exigir formalmente documentación más estricta, como planillas específicas, programas de capacitación, facturas, presupuestos y padrones completos de beneficiarios.
Pese a las observaciones técnicas, los expedientes administrativos continuaron avanzando y nunca se interrumpieron completamente los pagos, un punto que podría transformarse en uno de los principales argumentos defensivos para Di Luca y Chapino.
La investigación también sumó un elemento clave: una exdirigente de Viento Sur que inicialmente estaba imputada y que ahora podría convertirse en testigo de la Fiscalía tras acceder a un criterio de oportunidad.
Según consta en la causa, esa persona tenía autorización para operar cuentas bancarias de la cooperativa y desde su usuario se habrían realizado transferencias directas a Diego Mauro.
Para la Fiscalía, su declaración podría resultar determinante para reconstruir cómo se movieron los más de 1.208 millones de pesos bajo sospecha.
Cuatro meses de investigación: se define en agosto
La jueza de garantías Natalia Pelosso prorrogó por cuatro meses la investigación. Durante ese período se profundizarán las pericias contables, el análisis de teléfonos celulares, la reconstrucción de transferencias bancarias y los informes internos del Ministerio.
La etapa investigativa concluiría en agosto y el eventual juicio podría realizarse hacia fines de año.
Mientras tanto, la causa empieza a instalar una discusión más amplia sobre el funcionamiento del Estado neuquino en aquellos años: si existió una estructura deliberada para desviar fondos públicos o si el esquema fue parte de una política improvisada de contención social, tolerada políticamente y sostenida con controles administrativos insuficientes.
Fuente: Medios.
