La obra social SEROS atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años en Chubut, con un fuerte impacto en la atención de trabajadores estatales, jubilados y empleados municipales. El conflicto se originó por el incumplimiento del Gobierno provincial en el pago de las contribuciones patronales, una deuda que ya supera los 25.000 millones de pesos y que arrastra al sistema sanitario provincial a una situación límite.
Según se denunció, el Ejecutivo que encabeza el gobernador Ignacio Torres lleva al menos cuatro meses sin realizar los aportes correspondientes a la obra social. Esta falta de financiamiento derivó en la suspensión de prestaciones por parte de médicos, clínicas y farmacias, que reclaman pagos atrasados de varios meses.
La Federación Médica del Chubut (FEMECH) anunció la suspensión de la cuenta corriente de SEROS debido a la falta de una propuesta de pago concreta por las prestaciones realizadas. En una nota dirigida al presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Pablo Juan Macadam, advirtió que la medida se mantendrá por tiempo indeterminado. Si bien aclaró que los afiliados seguirán siendo atendidos, las prestaciones se brindan bajo la modalidad particular, trasladando el costo directamente a los pacientes.
A la situación se sumó el Colegio Farmacéutico del Chubut, junto con cámaras del sector, que resolvió cortar la atención a afiliados de SEROS por la falta de pago de las prestaciones correspondientes a los meses de agosto y septiembre.
Desde distintos sectores sindicales y políticos se responsabilizó al Gobierno provincial por el desfinanciamiento de la obra social y se advirtió que la crisis expone a más de 60 mil afiliados a un deterioro creciente de su cobertura sanitaria. También se cuestionó el rol de las conducciones gremiales que integran el directorio de SEROS, a las que se acusa de no haber impulsado una salida en defensa de los afiliados.
En paralelo, se reavivó el debate sobre el futuro del sistema solidario de la obra social. Mientras sectores promueven la desregulación y la libre competencia, trabajadores y jubilados reclaman sostener la obligatoriedad de los aportes y avanzar hacia un directorio independiente, elegido por los propios afiliados, que garantice el derecho a la salud y frene el vaciamiento del sistema.
La crisis de SEROS continúa sin una respuesta concreta del Ejecutivo provincial y amenaza con profundizarse en las próximas semanas si no se regulariza la deuda y se restablece el normal funcionamiento de las prestaciones.
