Mientras docentes, estatales y judiciales siguen discutiendo punto por punto cómo recomponer sus salarios, la Legislatura rionegrina ya resolvió primero lo suyo. Y lo hizo con un movimiento rápido y silencioso: garantizó un aumento acumulado del 24% para el primer semestre, muy por encima de lo que cerraron o proyectan los otros poderes del Estado.
El acuerdo con el gremio APEL asegura que, entre marzo y junio, los incrementos mes a mes terminarán dejando a los 46 legisladores con sueldos que pasarán de los 6–9 millones de febrero a ubicarse en la franja de 7 a 10,5 millones de pesos, según antigüedad. Ese ítem —la antigüedad— es clave: no suma, multiplica, y genera diferencias de hasta 40% entre un diputado nuevo y uno con años de trayectoria estatal.
Mientras tanto, el resto del sector público se mueve con otras velocidades. El Poder Ejecutivo apenas aplicó un 5,29% en el primer bimestre y recién completará un tramo similar con los haberes de abril. El Poder Judicial pactó algo más del 11% para el primer cuatrimestre, con revisión según los índices inflacionarios. Pero la Legislatura no esperó ni revisiones ni datos del IPC: directamente se aseguró la pauta completa hasta junio.
La explicación oficial intenta desactivar la polémica: proyectan una inflación mensual cercana al 3% y señalan que parte del aumento funciona como “compensación” por la diferencia entre el IPC 2025 y la evolución salarial del Poder. Sin embargo, lo relevante no está en la contabilidad fina, sino en el resultado político: mientras la mayoría de los estatales negocia cada punto con el salario corriendo detrás de los precios, los legisladores vuelven a quedar en la cima de la pirámide salarial provincial.
