Más de 200 neuquinos con discapacidad perdieron su pensión no contributiva tras ser afectados por auditorías nacionales mal ejecutadas, según denunció el subsecretario provincial del área, Gustavo Iril. Aunque la reciente ley de emergencia en discapacidad fue celebrada como un avance, en la provincia persisten irregularidades, demoras en los pagos y falta de nuevas altas desde diciembre del año pasado.
El funcionario explicó que los errores no fueron casuales. “En ocho localidades se repitieron domicilios inexistentes, y por eso los citados no pudieron presentarse. No fue un error administrativo, fue algo hecho con dolo”, aseguró.
Hasta el momento, solo 38 personas lograron recuperar el beneficio, mientras más de 160 aún esperan una resolución.
Ciudadanos nequinos están a la espera del beneficio.
Iril destacó que la ley nacional representa un avance porque garantiza la continuidad de las pensiones por invalidez laboral y establece un aumento del 5% por encima de la inflación desde el próximo año. Sin embargo, advirtió que no está claro cómo se financiarán estas mejoras, lo que genera incertidumbre en las provincias.
En Neuquén existen 11.780 pensiones no contributivas activas, cada una con un valor cercano a $320.000, incluyendo el adicional por zona fría. “El 70% de una jubilación mínima está representado en estos beneficios. En todos los casos que atendimos, las familias realmente dependen de este ingreso para sobrevivir”, remarcó Iril.
El subsecretario también cuestionó duramente el modo en que se llevan adelante las auditorías. “En Plottier se citó a 2.500 personas en apenas cuatro días. Eso es imposible. No se puede exigir semejante logística a personas en situación de vulnerabilidad”, sostuvo.
Además de las pensiones suspendidas, se suma otro problema: desde el 10 de diciembre de 2023 no se otorgaron nuevas pensiones. “Hay expedientes completos, con toda la documentación, que siguen sin resolverse. Esa demora prolonga la vulnerabilidad de personas que necesitan del Estado hoy”, indicó Iril.
Finalmente, el funcionario pidió que se garantice la aplicación efectiva de la ley: “No alcanza con promulgarla. Necesitamos auditorías humanas, prestaciones actualizadas y respuestas concretas. Solo así se podrá transformar un anuncio en un derecho real”.
Fuente: Medios.
