El financiamiento de las universidades nacionales volverá al centro de la discusión en la Cámara de Diputados este martes, cuando funcionarios del Gobierno defiendan los recursos previstos para el sector en el Presupuesto 2027. La exposición se realizará en medio del conflicto por la aplicación de la ley de financiamiento universitario y después de la masiva movilización frente al Congreso de la semana pasada, que terminó con graves incidentes entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El Galleguito” Álvarez, expondrán desde las 10 ante la comisión de Presupuesto y Hacienda. Allí presentarán la posición oficial sobre los fondos destinados a la educación y defenderán la política universitaria que lleva adelante la administración nacional.
En ese marco, los funcionarios volverán a sostener que el Ejecutivo actúa “a derecho” y cumple con las leyes de Ejecución Presupuestaria y de Administración Financiera, en medio de las críticas de las universidades por el financiamiento previsto y la implementación de la normativa aprobada por el Congreso.
La principal diferencia está en los montos asignados. El proyecto oficial contempla $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que las instituciones reclaman $11 billones para cubrir sus necesidades. La propuesta del Gobierno representa el 66,4% de los recursos solicitados por las casas de estudio.
Álvarez defendió la postura oficial a través de varias publicaciones en redes sociales. “Votaron una ley que asigna fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera. Por tanto, resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria”, sostuvo.
Ese artículo establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
El subsecretario también argumentó que el Poder Ejecutivo cumplió con la disposición que, según su interpretación, “obliga a promulgar y suspender la ejecución de la ley votada sin fondos asignados”. Además, afirmó que el Gobierno acató la medida cautelar dictada en el expediente y remarcó que la causa se encuentra apelada ante la Cámara. Por ese motivo, insistió en que la administración nacional actúa dentro del marco legal.
El proyecto de Presupuesto 2027 también establece obligaciones para las universidades nacionales. Las instituciones deberán presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que reciben por todos los conceptos. En caso de incumplimiento, la iniciativa habilita la interrupción de las transferencias.
Además, dispone que los presupuestos aprobados, la ejecución presupuestaria y contable y la cuenta de inversión de cada universidad incluyan la clasificación funcional correspondiente a educación y cultura, salud, y ciencia, tecnología e innovación.
En materia salarial, el texto prevé que los aumentos de 2027 se apliquen sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes al momento de la liquidación de noviembre de 2026. La excepción serán los incrementos de personal que autorice y apruebe el Ministerio de Capital Humano.
Educación: recortes y fondos para alfabetización
El presupuesto educativo total previsto para 2027 asciende a $9,8 billones. La propuesta contempla reducciones en las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, los programas de Educación Sexual Integral (ESI), la infraestructura escolar y la formación docente.
En contraste, el Plan Nacional de Alfabetización registra un incremento significativo, con una partida prevista de $773.000 millones.
El proyecto también mantiene el reparto automático de recursos educativos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Esos fondos deberán destinarse a cubrir gastos estrictamente vinculados con la finalidad y la función educativa.
Fuente: Medios
