La Cámara de Diputados ya tiene marcada una fecha clave en su calendario legislativo. El presidente del cuerpo, Martín Menem, comunicó a los principales bloques parlamentarios que el próximo 24 de junio podría realizarse una sesión especial con una agenda que incluye algunos de los proyectos más importantes para el Gobierno de Javier Milei.
Según trascendió, el temario previsto contempla el tratamiento del denominado Súper RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), la ley de transparencia para la gestión de intereses, conocida como ley de lobby, y la aprobación definitiva del acuerdo de pago con dos fondos buitre, iniciativa que obtuvo media sanción en el Senado.

La decisión fue transmitida durante una reunión que Menem mantuvo con referentes parlamentarios del oficialismo y de distintos sectores de la oposición. El objetivo es llegar a esa fecha con los dictámenes correspondientes ya firmados para habilitar el debate en el recinto.
De concretarse la convocatoria, la sesión se desarrollará en pleno Mundial de fútbol, entre los compromisos que disputará la Selección argentina durante la fase de grupos.
Avanza el debate por la ley de lobby
Uno de los proyectos que el oficialismo busca aprobar es el Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, una iniciativa destinada a regular la actividad de los grupos de presión y las gestiones que realizan empresas, organizaciones o representantes ante funcionarios y legisladores.
La propuesta establece la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses, donde deberán inscribirse quienes realicen actividades de lobby. Además, obliga a funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso a informar reuniones y audiencias mantenidas con estos actores.

El debate ya comenzó en comisión y continuará durante las próximas semanas con la participación de especialistas y organizaciones de la sociedad civil. El oficialismo aspira a obtener dictamen el 17 de junio para llevar el proyecto al recinto una semana después.
El Gobierno impulsa el Súper RIGI
Otro de los ejes de la sesión será el tratamiento del llamado Súper RIGI, una ampliación del régimen de incentivos a las grandes inversiones aprobado en la Ley Bases.
La iniciativa apunta a atraer proyectos vinculados a industrias tecnológicas y estratégicas como inteligencia artificial, semiconductores, producción de baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, energía nuclear y otros desarrollos de alto valor agregado.
ANUNCIO EN PUERTA
Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que…— Javier Milei (@JMilei) May 7, 2026
Para acceder a los beneficios, las inversiones deberán superar los 1.000 millones de dólares, muy por encima de los 200 millones exigidos por el RIGI original. A cambio, se ofrecerán garantías de estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera durante 30 años.
Desde el Ministerio de Economía explicaron que el nuevo régimen busca fomentar proyectos completamente nuevos y excluye expresamente iniciativas vinculadas a recursos naturales e infraestructura que ya pueden acceder al esquema vigente.

Pago a fondos buitre
El tercer punto central de la agenda legislativa será la autorización para concretar el acuerdo alcanzado con dos fondos buitre que mantenían litigios contra la Argentina desde la reestructuración de la deuda posterior al default de 2001.
El proyecto, que ya recibió media sanción en el Senado, contempla el pago de 171 millones de dólares en total. Del monto acordado, 67 millones corresponden a la firma Bainbridge Ltd. y otros 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
Con 40 votos afirmativos y 22 votos negativos queda aprobado el proyecto de ley sobre el acuerdo de conciliación con Bainbridge Ltd y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) June 4, 2026
El Gobierno busca que la iniciativa sea aprobada antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el acuerdo judicial alcanzado en Estados Unidos. Con esta operación, la administración de Milei pretende cerrar definitivamente los reclamos pendientes derivados del default de 2001.
Fuente: Medios













