Dos trabajadores de la Provincia de Río Negro acudieron a la Justicia de Villa Regina para solicitar su propia quiebra luego de quedar sin capacidad para afrontar sus compromisos económicos. Se trata de una empleada de la Policía y de un trabajador del ámbito educativo cuyos salarios estaban comprometidos por préstamos, tarjetas de crédito, embargos y distintos descuentos.
La jueza del fuero Civil hizo lugar a ambas solicitudes tras considerar acreditado el estado de cesación de pagos, es decir, la imposibilidad de cumplir de manera regular con las obligaciones asumidas.
Los expedientes ponen de manifiesto una situación de sobreendeudamiento de consumidores, que ocurre cuando las obligaciones financieras superan la capacidad efectiva de pago y comienzan a afectar incluso los gastos necesarios para sostener la vida cotidiana.
En ambos casos, los trabajadores habían acumulado compromisos derivados de créditos bancarios y préstamos otorgados por entidades financieras, además de consumos realizados con tarjetas de crédito.
La situación llegó a un punto crítico cuando los descuentos aplicados sobre sus haberes redujeron de manera considerable el dinero disponible. De esta manera, los ingresos que deberían destinarse a los gastos cotidianos quedaron prácticamente absorbidos por las obligaciones financieras.
La Justicia analizó no solo el volumen de las deudas, sino también las circunstancias personales de cada uno de los trabajadores para determinar si efectivamente se encontraban imposibilitados de afrontar sus compromisos.
Qué implica la quiebra personal
La declaración de quiebra permite reunir las distintas deudas en un único proceso judicial, evitando que cada acreedor continúe realizando reclamos por separado.
A partir de la apertura del proceso interviene un síndico, que queda encargado de revisar la situación patrimonial del deudor, elaborar los inventarios correspondientes, verificar los créditos presentados por los acreedores y controlar los bienes que eventualmente puedan utilizarse para cancelar las obligaciones reconocidas.
El procedimiento también contempla el denominado desapoderamiento. Esto significa que la persona conserva la titularidad de sus bienes, pero pierde la posibilidad de disponer libremente de aquellos que quedan alcanzados por el proceso de quiebra.
En uno de los casos, la Justicia ordenó suspender los descuentos salariales correspondientes a deudas anteriores a la declaración de quiebra y frenar determinados débitos bancarios. Al mismo tiempo, dispuso que una parte de los ingresos sea depositada en una cuenta judicial para conformar los fondos del proceso.
Dos situaciones personales que agravaron el endeudamiento
Las resoluciones tuvieron en cuenta además las circunstancias particulares de cada trabajador. En el caso de la empleada policial, su salario representa el principal ingreso del hogar y, además, debe afrontar el pago de un alquiler. La situación del trabajador del ámbito educativo presenta otro factor de complejidad: atraviesa problemas de salud.
De acuerdo con lo analizado en los expedientes, el endeudamiento dejó de representar una serie de obligaciones individuales y pasó a comprometer de manera directa la economía familiar y la capacidad de cubrir los gastos básicos.
Ahora será la Sindicatura, bajo supervisión judicial, la que deberá establecer qué deudas serán reconocidas, qué bienes pueden quedar afectados al proceso y cómo continuará cada uno de los trámites iniciados ante la Justicia de Villa Regina.
Fuente: Medios.
