El Gobierno nacional oficializó la creación de la Comisión Nacional de Bioética, un nuevo organismo que tendrá a su cargo la evaluación de los aspectos éticos vinculados al desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la salud. La medida fue establecida mediante el Decreto 893/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Según se informó, la iniciativa apunta a fortalecer la respuesta del Estado frente a los dilemas éticos, morales y legales que surgen a partir del avance de la ciencia, especialmente en áreas como la investigación médica, los ensayos clínicos y el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la salud. El objetivo central es garantizar la protección de los sujetos de investigación y la integridad científica, a través de criterios claros y consensuados.
Con esta decisión, la Comisión Nacional de Bioética se convierte en el único organismo rector en la materia a nivel nacional, lo que permitirá ordenar un escenario hasta ahora fragmentado, con superposición de funciones y competencias poco definidas entre distintos actores.
En ese marco, el decreto dispone la derogación de la Comisión Nacional de Ética Biomédica, creada en 1998 pero que nunca logró un funcionamiento pleno. También se disuelven el Comité de Ética en Investigación y el Comité Nacional Asesor de Ética en Investigación, ambos dependientes del Ministerio de Salud, cuyas funciones serán absorbidas por la nueva Comisión.
Funciones y alcance
La normativa establece que la Comisión deberá reunirse al menos dos veces al año, aunque podrá hacerlo con mayor frecuencia ante situaciones emergentes o por requerimiento de organismos públicos, instituciones o particulares. Entre sus funciones principales se destacan el asesoramiento al Poder Ejecutivo, la definición de estándares éticos para la investigación en salud y el uso de nuevas tecnologías, la elaboración de informes y recomendaciones, y la promoción de espacios de capacitación, investigación y debate público.
El organismo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación y será presidido por el ministro Mario Lugones. Estará integrado por seis miembros titulares y tres suplentes, quienes deberán contar con formación en ética, experiencia en salud y representación comunitaria, además de profesionales de disciplinas como Derecho, Filosofía, Antropología o Economía. Todos los integrantes desempeñarán sus funciones ad honorem.
Además, la Comisión podrá convocar a instituciones académicas y profesionales para el análisis de temas específicos. El Ministerio de Salud será el encargado de designar a los integrantes mediante un proceso público y transparente, dictar el reglamento interno y garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento.
Enfoque federal y coordinación con las provincias
El decreto también crea el Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, que estará integrado por representantes de las provincias. Este espacio tendrá como funciones acreditar comités jurisdiccionales, consensuar criterios comunes, recopilar experiencias territoriales y asistir en dilemas éticos que involucren a más de una jurisdicción.
Con este esquema, el Gobierno busca fortalecer el trabajo federal, ordenar la interacción entre Nación y provincias y asegurar que todos los actores involucrados operen bajo estándares homogéneos y alineados con las normas internacionales.
Desde el Ejecutivo destacaron que este nuevo diseño institucional permitirá mayor previsibilidad, seguridad jurídica y coherencia en la adopción de criterios éticos vinculados a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la práctica sanitaria, anticipando y resolviendo los conflictos que puedan surgir en un contexto de innovación constante.
Fuente: Medios.
