El Gobierno nacional definió este viernes sus prioridades legislativas para la próxima semana y resolvió avanzar con el envío al Congreso de los proyectos de modificación de la Ley de Salud Mental y de creación de un nuevo régimen contra el fraude en pensiones por invalidez. La decisión se tomó durante una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada.
El encuentro estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien además recibió una nueva ratificación política en medio de investigaciones judiciales que lo involucran.
Según informó Presidencia, durante la reunión también se repasó el estado de situación de las iniciativas ya presentadas por el Ejecutivo y se analizaron los próximos pasos parlamentarios para sostener la agenda oficialista en ambas cámaras.
Participaron del encuentro el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem. El único ausente fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Washington por las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Tras la reunión, desde el oficialismo remarcaron el respaldo interno a Adorni. Fuentes de Casa Rosada señalaron que cuenta con el apoyo pleno del presidente Javier Milei y de Karina Milei, en una nueva señal de respaldo político. Durante el encuentro también se analizaron los frentes judiciales vinculados a dos normas clave para el Gobierno: la reforma laboral y la ley de financiamiento universitario.
En el primer caso, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario de per saltum para que la Corte Suprema revierta la suspensión de 83 artículos de la reforma laboral, medida dictada tras planteos impulsados por la CGT.
Respecto de la ley de financiamiento universitario, el Ejecutivo también acudió a la Corte para solicitar la suspensión de la norma sancionada por el Congreso, al argumentar limitaciones presupuestarias para su implementación. No obstante, en Casa Rosada aclararon que no prevén incumplir la ley, aunque aguardarán una definición judicial antes de ejecutar partidas. En paralelo, analizan eventuales recortes en otras áreas para sostener la meta de superávit fiscal.
En tanto, continúan demorados los proyectos de reforma integral del Código Penal y la reforma política electoral, que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento de los partidos.
Fuentes oficiales indicaron que ambas iniciativas siguen en discusión entre distintos ministerios y aún no tienen fecha definida de envío al Congreso. Mientras tanto, el Gobierno continuará las negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores aliados para reunir respaldo parlamentario a su agenda legislativa.
Fuente: Medios
