El Gobierno nacional reorganizó el sistema de control alimentario del país y dispuso la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), cuyas funciones serán distribuidas entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Salud.
La medida fue establecida a través del Decreto N° 697/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. A partir de la nueva estructura, el SENASA absorberá las tareas de registro, control y fiscalización de alimentos, mientras que la cartera sanitaria concentrará la definición de políticas alimentarias y sanitarias.
Según explicó el Gobierno, la reorganización busca simplificar el sistema actual, eliminar superposiciones entre organismos y fortalecer la capacidad operativa del control alimentario en todo el territorio nacional.

El SENASA quedará a cargo de la supervisión de establecimientos, productos alimenticios e importaciones, aprovechando su despliegue territorial compuesto por laboratorios, inspectores y estructuras de control distribuidas en distintas provincias.
En tanto, el Ministerio de Salud asumirá la conducción de la política alimentaria, con una agenda enfocada en la regulación de la composición de los productos y en la promoción de estándares de alimentación saludable. Uno de los primeros objetivos será avanzar en la eliminación de colorantes y saborizantes en alimentos procesados.
Con la reforma, el SENASA concentrará las funciones que anteriormente ejercía el INAL relacionadas con el registro, control y fiscalización de alimentos. Además, administrará una Base Única de Datos con información de productos y establecimientos para mejorar la trazabilidad y agilizar los trámites.

El decreto también establece un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad y rapidez al proceso de modificación de la normativa.
Otro de los cambios apunta a reducir la carga administrativa. La nueva regulación contempla el reconocimiento de certificaciones internacionales emitidas por países con sistemas de control reconocidos o que aplican el Codex Alimentarius, evitando evaluaciones y trámites duplicados.
En materia comercial, la normativa busca agilizar las importaciones de alimentos envasados para venta directa mediante controles posteriores al ingreso, además de facilitar las exportaciones al establecer que los productos deberán cumplir con los requisitos del país de destino.
El Gobierno señaló que la reorganización separa las funciones de fiscalización operativa y definición de políticas públicas. De esta manera, el SENASA tendrá a su cargo verificar que los alimentos cumplan con las normas vigentes, mientras que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura definirán los lineamientos del Código Alimentario Argentino.
Además, el organismo sanitario impulsará acuerdos con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar hacia un sistema más uniforme de registros, requisitos, aranceles y sanciones.
Con esta modificación, el Ejecutivo busca establecer un sistema de control alimentario con menos organismos involucrados, mayor centralización de datos y procesos administrativos más ágiles.
Fuente: Medios






