El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y aprobó los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad, según se publicó este martes en el Boletín Oficial. La medida fue dispuesta mediante el Decreto 84/2026, firmado por el presidente Javier Milei.
La decisión responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, luego de declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.
La reglamentación define los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control. Además, establece que el sistema deberá articularse con las políticas de inclusión laboral y con las reglas de compatibilidad de ingresos para personas con discapacidad.
El decreto también incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera. La norma fundamenta esta decisión en una concepción integral del derecho a la salud y la protección social, que incluye dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.
Asimismo, se instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los próximos 30 días. También se la faculta a dictar normas aclaratorias y complementarias para la implementación del nuevo régimen.
La reglamentación establece la conversión automática de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implica la identificación, el relevamiento y la verificación de las prestaciones vigentes.
Las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad se implementarán mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La norma entró en vigencia el 3 de febrero de 2026, fecha de su dictado.
Fuente: Medios
