Durante el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Andacollo, el intendente Manuel San Martín se refirió públicamente al caso de fraude millonario que investiga la Justicia y que involucra a funcionarios municipales y comerciantes de la localidad.
El jefe comunal explicó que la denuncia fue presentada a fines de 2025 y que el perjuicio económico estimado ronda los 128 millones de pesos. También señaló que hasta ahora había evitado hacer declaraciones públicas para no entorpecer el avance de la investigación judicial.
San Martín reconoció que la situación afectó a la gestión municipal, aunque remarcó que fue el propio Ejecutivo el que detectó las irregularidades y realizó la denuncia.
Cómo habría funcionado la maniobra
Según detalló el intendente, una de las maniobras consistía en el pago de horas máquina a una empresa que nunca realizó los trabajos contratados. De acuerdo con la denuncia, esos trabajos eran ejecutados por otra firma que además participa en una de las obras más importantes que se desarrollan en la región.
“Eso constituyó una estafa para el municipio donde, con la complicidad de dos funcionarios que ocupaban en su momento el área de servicios junto a un corralón privado de la localidad, se llevaba adelante esta maniobra”, explicó.
Otras irregularidades denunciadas
El intendente también mencionó otras irregularidades detectadas por el municipio. Una de ellas fue la extracción irregular de materiales de la cantera municipal.
Según la denuncia, se retiraron alrededor de 80 bateas de áridos —equivalentes a unas 320 camionadas— que luego habrían sido vendidas a una empresa vinculada con obras del gasoducto en el norte de la provincia de Neuquén.
Además, el municipio detectó la presunta sustracción de caños que estaban almacenados en un predio municipal y que posteriormente fueron vendidos nuevamente al propio municipio.
Otra maniobra bajo investigación está relacionada con el uso de contravales de combustible emitidos por una estación de servicio de la zona.
De acuerdo con la denuncia, el municipio pagaba consumos mediante cheques a una empresa proveedora que luego emitía las facturas. En algunos casos, el monto abonado superaba el consumo real y generaba un saldo a favor que se convertía en contravales de combustible.
Esos comprobantes eran retirados por choferes de camiones que dependían de uno de los funcionarios investigados, lo que habría permitido que el mecanismo se repitiera durante varios meses.
Imputaciones y avance de la causa
La investigación está a cargo de la fiscalía de Chos Malal. Hasta el momento, cuatro personas fueron imputadas por los delitos de defraudación reiterada, peculado y asociación ilícita.
Además, la fiscalía solicitó el embargo de bienes por alrededor de 130 millones de pesos como parte de la causa.
El intendente informó a los concejales que el Ministerio Público pidió una prórroga de cuatro meses para continuar con el análisis de documentación y de los elementos secuestrados durante los allanamientos. De esta manera, la investigación continuará al menos hasta fines de junio.
Por último, San Martín pidió a la comunidad que permita que la Justicia avance con el proceso y agradeció el acompañamiento de los vecinos frente a la situación.
Fuente: Medios
