Hay una vieja regla de la política argentina que dice que las paritarias estatales se firman con promesas y se pagan con emisión, deuda o ajuste. Neuquén acaba de ofrecer la excepción que confirma la regla. El viernes, el gobernador Rolando Figueroa firmó en Casa de Gobierno las actas acuerdo con ATE y UPCN, representadas por Carlos Quintriqueo y Luis Querci, y no ahorró definiciones: “Es el mayor esfuerzo que la provincia del Neuquén puede hacer y es por lejos el mejor acuerdo salarial que existe en la República Argentina”. La frase, que en otro contexto sonaría a hipérbole de ocasión, viene respaldada por una arquitectura concreta: actualizaciones trimestrales por IPC de julio de 2026 a junio de 2027, un 4 por ciento adicional en noviembre y un 3 en enero, bonos extraordinarios de 410.000 y 480.000 pesos, y un piso salarial garantizado de 1.560.000 pesos de bolsillo. A eso se agrega la cláusula más ambiciosa del acuerdo: la posibilidad de “elevar 7% los salarios más allá del IPC, es decir, ganarle a la inflación en un 7%”.
La pregunta obvia es de dónde sale la plata. Y la respuesta llegó, con oportuna sincronía, dos días antes y a pocas cuadras de distancia. El miércoles, la Legislatura aprobó la Cuenta General de Inversión 2025, que convalidó un superávit financiero de 64.900 millones de pesos. El ejercicio pasado cerró con ingresos un 3 por ciento por encima de lo pautado, amortizaciones de deuda por 279.698 millones y un stock que bajó a cerca de 808 millones de dólares a diciembre. Todo eso, con una incidencia cada vez menor de los fondos nacionales y una duplicación de la inversión en obra pública vial, escolar y sanitaria. El despacho se aprobó con los votos de Comunidad, el MPN, el PRO-NCN y los bloques aliados. La secuencia no es casualidad: es causalidad. El “mejor acuerdo salarial del país” no se financia con retórica, se financia con las cuentas que la Legislatura acaba de convalidar.
El propio Figueroa se encargó de explicitar el vínculo entre una cosa y la otra. “Es muy importante el Estado presente para todos los neuquinos”, dijo durante la firma, pero inmediatamente agregó la condición que ordena el modelo: “también es muy importante la forma que hemos tomado de administrar el Estado. Es un Estado que tiene que ser eficiente, moderno y no debe derrochar sus recursos”. Ahí está, comprimida en dos frases, la doctrina económica de la Neuquinidad: la presencia estatal no se declama, se solventa. Los mismos indicadores que el gobernador repite como un mantra —la mayor venta en supermercados, la mayor creación de empleo y empresas, la mayor inversión en obra pública por habitante y la mayor inversión educativa del país— son las consecuencias de un orden que empezó por casa: poca planta política, jerarquización del empleado público de carrera y un ISSN que se protege “siendo eficientes, teniendo el superávit que hay que tener, no malgastando los recursos”.
Pero ningún acuerdo, por bueno que sea, clausura la conflictividad. Apenas conocida el acta con los estatales, ATEN salió a reclamar la equiparación del 4 por ciento adicional de noviembre que su propia pauta —cerrada en diciembre con las mismas actualizaciones por IPC— no contiene. “Los acuerdos tienen que ser parejos para todas y para todos”, planteó la secretaria general Fany Mansilla en una entrevista concedida a Neuquén21, donde evitó hablar de medidas de fuerza aunque no las descartó. La pulseada tiene una particularidad que conviene subrayar: el gremio docente no discute el modelo, discute su alcance. La vara que ATEN exige alcanzar es la que el propio gobierno fijó. Cuando el reclamo sindical consiste en pedir más de lo mismo que el Ejecutivo ya otorgó a otros, la discusión cambia de naturaleza: ya no se pelea contra un ajuste, se negocia dentro de una expansión.
El paro que ATEN protagoniza este lunes merece, en ese marco, una lectura fina. La adhesión a la huelga nacional de CTERA deja sin clases a las escuelas neuquinas, pero los ejes de la medida son ajenos a la provincia: la paritaria nacional que la gestión Milei dejó de convocar, el desfinanciamiento educativo y la defensa del régimen previsional docente. La propia Mansilla lo asumió sin rodeos: “Sí, es un paro político, porque las medidas que toma el gobierno nacional son políticas”. Y en el mismo movimiento trazó la distinción que más le interesa escuchar al oficialismo provincial: “En Neuquén tenemos una situación particular que nos diferencia”, dijo, reconociendo la inversión educativa del gobierno de Figueroa. Cuando la conducción de un gremio históricamente combativo admite en público que la provincia juega en otra liga, algo del tablero se movió de manera profunda.
Vendrán días de definiciones: la respuesta oficial al pedido del 4 por ciento docente, las mesas técnicas sectoriales comprometidas en el acta y, en el horizonte, la pauta 2027. Nada de eso alterará el dato de fondo que esta semana dejó instalado. Mientras la Nación discute cuánto recortar, Neuquén discute cuánto distribuir; mientras otros gobernadores administran conflictos, el neuquino administra excedentes. El círculo virtuoso que la gestión Neuquinizate prometió en 2023 —ordenar para redistribuir— completó esta semana una vuelta entera: superávit convalidado por ley, deuda en baja, obra pública duplicada y la mejor paritaria del país firmada con la madurez que el propio Figueroa agradeció. Los trabajadores estatales neuquinos le ganarán 7 puntos a la inflación porque antes el Estado le ganó al desorden. En la Argentina de 2026, eso no es un detalle contable: es una rareza política que merece ser contada.
