El Gobierno de Río Negro analiza establecer un límite de entre el 30% y el 33% para los descuentos que se aplican sobre los salarios de los empleados públicos por deudas con financieras, mutuales, gremios y otras entidades. La iniciativa surge frente a un creciente nivel de endeudamiento que ya genera situaciones críticas: según datos oficiales, unos 2.000 trabajadores quedan con ingresos inferiores a $400.000 una vez aplicadas las retenciones.
El problema alcanza a una parte importante de la administración pública. Cerca del 40% de las liquidaciones registra algún tipo de descuento, mientras que la proporción es todavía mayor en algunos sectores: ronda el 70% entre los porteros y llega aproximadamente al 50% entre los policías. El dato refleja una situación que no siempre queda expuesta al observar el salario bruto o el monto total de una liquidación.
En la práctica, una parte significativa de los haberes no llega directamente al trabajador porque se destina al pago de préstamos, cuotas y otros compromisos financieros. Con este escenario, el Gobierno provincial comenzó a estudiar la posibilidad de establecer un techo que permita reducir el impacto de las retenciones sobre los ingresos disponibles.
El gobernador Alberto Weretilneck instruyó al Ministerio de Hacienda para avanzar con el análisis de un mecanismo que permita fijar ese límite. El ministro Gabriel Sánchez trabaja sobre la propuesta y evalúa, además, las consecuencias que una eventual modificación podría generar sobre el sistema de financiamiento al que acceden los propios empleados estatales.
La discusión tiene una dificultad central. Limitar los descuentos podría significar un alivio inmediato para los trabajadores más endeudados, pero al mismo tiempo podría dificultar el acceso a nuevos créditos. Las entidades financieras, mutuales y otras organizaciones suelen utilizar el descuento directo sobre los haberes como una de las principales garantías para asegurar el cobro de las cuotas.
Los números relevados por Hacienda muestran hasta qué punto llegó el problema. Alrededor de 2.000 empleados estatales atraviesan una situación especialmente delicada, ya que después de las retenciones sus ingresos disponibles quedan por debajo de los $400.000.
El fenómeno, sin embargo, excede ampliamente a ese grupo y se extiende a miles de trabajadores que tienen algún grado de endeudamiento.
Un informe oficial presentado ante la Legislatura el año pasado ya había advertido sobre esta tendencia. En ese documento se señaló que el 35% de los haberes estatales tenía descuentos asociados a códigos correspondientes a 14 organizaciones acreedoras, una fotografía que daba cuenta del peso creciente de las obligaciones financieras sobre los salarios públicos.
En este contexto, el debate comenzó a concentrarse en un tope del 30% al 33%, con este último porcentaje cobrando fuerza también dentro de la Legislatura. La discusión apunta a encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad de proteger el ingreso de los trabajadores y el funcionamiento de los mecanismos de crédito que hoy utilizan buena parte de los empleados públicos.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la medida no implica que la Provincia vaya a asumir las deudas personales de los trabajadores. Weretilneck descartó que el Estado se haga cargo de esos compromisos y sostuvo que el Gobierno provincial no puede absorber las obligaciones financieras contraídas por sus empleados.
El gobernador también vinculó la situación con la evolución del poder adquisitivo. Reconoció que la Provincia viene actualizando los salarios, aunque admitió que los incrementos no alcanzan para resolver todas las dificultades económicas que atraviesan muchas familias.
En ese escenario aparece el problema de fondo: cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos cotidianos, el crédito se convierte en una herramienta de salida inmediata, pero puede transformarse en un problema cuando las cuotas se acumulan y una parte cada vez mayor del salario queda comprometida antes de llegar al bolsillo. La eventual fijación de un límite a los descuentos busca justamente intervenir sobre ese punto, aunque todavía resta definir cómo se aplicará y qué impacto tendrá sobre el acceso al financiamiento.
Fuente: Medios.
