La Justicia resolvió revocar las salidas transitorias de Franco Alí González, condenado por un hecho de robo agravado ocurrido en Rada Tilly, luego de constatar que no regresó al establecimiento penitenciario tras una de las salidas autorizadas y que posteriormente fue detenido en San Carlos de Bariloche en el marco de otra investigación judicial.
La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada en el juzgado penal del barrio Roca de Comodoro Rivadavia, presidida por el juez de Ejecución Penal Jorge Odorisio.
Según expuso la representante del Ministerio Público Fiscal, González se encontraba incorporado al régimen de salidas transitorias desde octubre de 2025 y cumplía regularmente con el beneficio hasta el 15 de febrero de 2026, fecha en la que no regresó al lugar de detención.
A raíz de esa situación, fue declarado en rebeldía tres días después. Su paradero permaneció desconocido hasta el pasado 19 de mayo, cuando se confirmó que estaba en Bariloche, donde fue detenido en el marco de una nueva causa penal.
Detenido por otra causa
Durante la audiencia, la fiscalía informó que el condenado permanece actualmente alojado en una unidad de detención de Bariloche bajo una medida de prisión preventiva dictada por la Justicia de esa ciudad y vigente hasta septiembre.
Con esos antecedentes, el Ministerio Público Fiscal solicitó la revocación de las salidas transitorias, pedido que no fue cuestionado por la defensa.
Pedido de traslado
La defensora particular de González manifestó su conformidad con la revocación del beneficio, aunque solicitó que su asistido sea trasladado a la ciudad de Trelew para facilitar el contacto con sus familiares y las visitas periódicas.
Antes de resolver sobre esa solicitud, la fiscalía requirió contar con un informe actualizado de la Justicia de Bariloche respecto de la situación procesal del detenido y las medidas judiciales que actualmente pesan sobre él.
Finalmente, el juez Odorisio hizo lugar al planteo fiscal, revocó las salidas transitorias y ordenó solicitar información formal a las autoridades judiciales rionegrinas antes de definir un eventual traslado.
