Los abogados defensores de los condenados en la causa por la estafa con planes sociales en Neuquén tomaron con cautela el pedido de la fiscalía de Delitos Económicos de suspender los plazos procesales, una medida orientada a evitar que se alcance el límite legal del proceso sin una resolución definitiva.
El planteo fue impulsado por el fiscal Juan Manuel Narváez, quien solicitó una audiencia para el próximo 1 de abril ante el juez Luis Giorgetti. Allí pedirá que se “pause el reloj” que regula los tiempos del expediente, cuyo vencimiento está previsto para el 29 de noviembre.
Desde las defensas, sin embargo, cuestionaron la iniciativa. Gonzalo Rodríguez, representante del exministro Orlando Abel Di Luca —condenado a 5 años de prisión efectiva—, consideró que el pedido es “prematuro”. “Todavía tenemos plazo hasta noviembre. Después del fallo del Tribunal de Impugnación podríamos evaluar si es necesario”, sostuvo. Esa resolución se espera luego del 12 de agosto.
En la misma línea, Fabián Flores, defensor de Luis Gallo —sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión—, opinó que la fiscalía realiza “un control de daños previo, pero estéril”, y remarcó que ya se conoce la postura del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén sobre este tipo de planteos.
Rodríguez fue más allá al señalar que en el Código Procesal Penal provincial “ya no existen los plazos fatales, sino que son ordenatorios”, en línea con criterios adoptados por el máximo tribunal local tras fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según la normativa vigente, en causas complejas como esta, el proceso no debería superar los cuatro años desde la formulación de cargos. Vencido ese plazo, podría corresponder el sobreseimiento de los imputados, aunque la constitucionalidad de ese límite genera interpretaciones divergentes entre tribunales.
El origen de la investigación se remonta al 28 de junio de 2022, cuando un hombre denunció el vaciamiento de la cuenta donde percibía un plan social. La formulación de cargos se realizó el 29 de noviembre de ese año, fecha desde la cual la fiscalía computa el plazo total del proceso.
A lo largo de la causa se otorgaron varias prórrogas, tanto a la fiscalía como a las defensas, y se sumaron dificultades para fijar audiencias. Además, el juicio oral se extendió durante 33 días, convirtiéndose en uno de los más largos de la provincia.
Pese a estos antecedentes, los abogados coincidieron en que no existe un riesgo inmediato de vencimiento. “No hay un peligro concreto en este momento. Recién en noviembre podría darse esa situación”, sostuvo Flores, quien también cuestionó que no se trate de un caso de fuerza mayor o imprevisto, condiciones previstas en la ley para habilitar este tipo de pedidos.
Fuente: Medios
