Los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y DiDi en la Ciudad de Buenos Aires deberán tramitar una licencia de conducir profesional y contar con seguros específicos para poder seguir prestando servicio. La medida surge de un fallo de la Justicia porteña que busca igualar las condiciones con las que ya cumplen taxis y remises.
La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, a partir de un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis. Los jueces consideraron que las plataformas digitales prestan efectivamente un servicio de transporte de pasajeros y, por lo tanto, no pueden quedar fuera del marco regulatorio vigente.
Según pudo saber medios, el fallo establece que, mientras no exista una ley específica que regule su funcionamiento, los conductores de estas aplicaciones deberán cumplir los mismos requisitos que los taxistas, incluyendo habilitaciones, seguros obligatorios y licencia profesional.
La resolución marca un cambio importante para miles de choferes que hasta ahora utilizaban una licencia común. Entre las nuevas exigencias figuran la cobertura de seguros para pasajeros, conductores y responsabilidad civil, además del cumplimiento de controles y habilitaciones equivalentes a los del sistema tradicional de taxis.
Los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín sostuvieron que Uber, Cabify y DiDi integran un “servicio global de transporte” y no únicamente una plataforma tecnológica. Para fundamentar su postura, incluso citaron antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El fallo también cuestionó al Gobierno porteño por permitir durante años el funcionamiento de las plataformas en un marco de “aparente regularidad”, al considerar que, aunque las calificaba como servicios clandestinos, no ejercía controles efectivos.
Además de las nuevas obligaciones para los conductores, la Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad avanzar en la regulación del sector, incluyendo la posibilidad de implementar impuestos locales a las empresas y campañas de información para usuarios sobre riesgos vinculados a seguros y habilitaciones.
Por último, la Cámara dispuso que, mientras persista la desigualdad regulatoria, el Gobierno porteño no podrá exigir determinados aranceles administrativos adicionales a los taxistas, al considerar que no puede existir una carga diferencial entre sectores que compiten en el mismo mercado sin condiciones equivalentes.
Fuente: Medios
