La Justicia Federal investiga al menos 173 muertes presuntamente vinculadas al uso de fentanilo contaminado, en el marco de una causa que derivó en la detención y procesamiento de Ariel García Furfaro y otros directivos y accionistas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. El caso expuso una cadena de fallas en los controles, la producción y la trazabilidad de medicamentos de uso hospitalario.
La investigación se inició tras una denuncia presentada en abril por el Hospital Italiano de La Plata, que alertó sobre la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp en ampollas de fentanilo suministradas a pacientes. El expediente quedó a cargo del Juzgado Federal N°3 de La Plata, conducido por el juez Ernesto Kreplak, con intervención de la ANMAT.
El 8 de mayo, el organismo sanitario emitió una alerta nacional para que no se utilizara el lote 31202 del opioide producido por HLB Pharma, al detectarse un “desvío de calidad”. Días después, prohibió su uso, comercialización y distribución en todo el país, y ordenó el retiro del producto, que había sido distribuido en más de 300 hospitales. Según las autoridades, de 154.530 ampollas distribuidas, alrededor del 27,5% habrían sido administradas a pacientes.
Además, la ANMAT dispuso la inhibición de la producción en las plantas de HLB Pharma y Ramallo S.A., al tiempo que se conoció que ambas firmas habían recibido múltiples sanciones y advertencias previas por irregularidades en otros medicamentos, como dopamina, morfina, propofol y diclofenac.
Durante la investigación se realizaron allanamientos en distintas dependencias vinculadas al grupo empresario. En uno de ellos, se hallaron 29 pallets de medicamentos en una empresa relacionada con un familiar del principal acusado, así como grandes cantidades de ampollas de fentanilo almacenadas en condiciones irregulares en el predio del laboratorio Ramallo S.A., lo que motivó la intervención de autoridades ambientales.
Las pericias y los informes incorporados al expediente concluyeron que existía conocimiento previo sobre la contaminación del fármaco, ausencia de controles adecuados y omisiones deliberadas en los procesos de producción y distribución. Según el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, en 38 de las 40 muestras analizadas se determinó que la administración del opioide contaminado fue un factor determinante en el fallecimiento de los pacientes.
El 20 de agosto, el juez ordenó la detención y el procesamiento de García Furfaro, familiares directos, accionistas y personal técnico de los laboratorios. Al empresario se lo considera coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales, agravado por haber puesto en riesgo la salud pública y provocado múltiples muertes.
En paralelo, el Congreso conformó una comisión especial que investigó el caso durante varios meses. En su informe final, presentado a comienzos de diciembre, concluyó que el Estado no garantizó controles efectivos, que hubo ocultamiento de casos por parte de hospitales, documentación alterada por los laboratorios y una actuación tardía de los organismos de control.
Mientras la causa judicial avanza, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia. En los últimos meses realizaron movilizaciones en La Plata y Rosario, con el objetivo de visibilizar el caso y exigir condenas para los responsables de lo que consideran una tragedia evitable, producto de una cadena de negligencias y fallas estructurales en el sistema sanitario.
Fuente: Medios
