El Gobierno nacional oficializó un nuevo marco regulatorio que libera la comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina, al tiempo que crea un sistema de registro obligatorio para su control, fiscalización e importación.
La medida fue establecida por el Ministerio de Salud a través de la Resolución 549/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y apunta a reemplazar el esquema de prohibición vigente por un modelo de regulación activa con estándares sanitarios mínimos para su venta.
Desde la cartera sanitaria argumentaron que la prohibición anterior no logró evitar el consumo de estos productos y señalaron que los vapeadores presentan una prevalencia del 35,5% entre adolescentes, lo que los ubica entre las sustancias de mayor uso en ese grupo etario.
El nuevo esquema incorpora a estos dispositivos dentro de la Ley 26.687, lo que obliga a incluir advertencias sanitarias en los envases, restringe diseños atractivos para menores, prohíbe el uso de celebridades o mensajes engañosos y limita los sabores autorizados.
En ese sentido, solo se permitirán líquidos y dispositivos con sabor tabaco, mientras que las bolsas de nicotina podrán tener sabor tabaco o mentol. Además, se prohíben los cigarrillos electrónicos descartables con líquidos precargados, considerados de mayor atractivo para la iniciación juvenil.
Uno de los puntos centrales es la creación del Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN), que funcionará como sistema de clasificación, monitoreo epidemiológico y actualización regulatoria en base a evidencia científica.
A través de este registro, los productos deberán ser inscriptos obligatoriamente mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con la presentación de fórmulas, datos toxicológicos, certificados de laboratorios y declaraciones juradas.
Las empresas también deberán informar volúmenes de venta y características de los consumidores, mientras que la inscripción tendrá una vigencia de cinco años sujeta a renovación.
Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, destacaron que el nuevo esquema busca fortalecer la fiscalización estatal, reducir riesgos sanitarios y limitar el acceso de menores a estos productos, en un contexto de expansión del consumo entre jóvenes.
Fuente: Medios
