La Justicia de Río Negro imputó al segundo sospechoso por el homicidio de Ricardo Marín, ocurrido en la ciudad de Allen, y dispuso que permanezca con prisión preventiva mientras avanza la investigación. El hombre fue acusado por el delito de homicidio en ocasión de robo, la misma causa en la que ya había sido imputada una mujer.
Durante la audiencia, la fiscal Verónica Villarruel sostuvo que, entre el 8 y el 10 de julio, el ahora imputado y la mujer ingresaron a la vivienda de la víctima sin ejercer violencia sobre los accesos, aprovechando que ella mantenía un vínculo previo con Marín y contaba con llaves del domicilio.
Según la acusación, ambos agredieron a la víctima, sustrajeron un teléfono celular, una billetera y los juegos de llaves de dos vehículos, para luego abandonar rápidamente el lugar. El informe preliminar de la autopsia determinó que Marín presentaba signos de estrangulamiento y que falleció a causa de los múltiples golpes recibidos en la cabeza.
El Ministerio Público Fiscal detalló que la investigación reunió actas de procedimiento, testimonios de familiares y vecinos, registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de distintos elementos secuestrados durante allanamientos, entre ellos prendas con manchas que podrían corresponder a sangre. También se incorporaron evidencias obtenidas tras la detención de la mujer en General Roca.
Las imágenes analizadas permitieron reconstruir el recorrido de los imputados durante la madrugada del hecho, estableciendo que ambos se dirigieron hacia la vivienda de Marín alrededor de la 1.30 y regresaron unos 40 minutos después al lugar donde residían.
Al solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía argumentó que el imputado incumplió medidas cautelares que le habían sido impuestas previamente, lo que evidenciaría un riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
La defensa, a cargo del defensor público Juan Pablo Chirinos, manifestó que no se oponía a la extracción de muestras de ADN ni a otras medidas investigativas, aunque solicitó que el acusado permaneciera con tobillera electrónica, al sostener que su estado de salud no permitía su alojamiento en una unidad de detención.
Finalmente, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot dio por formulados los cargos por homicidio en ocasión de robo y resolvió que el imputado cumpla la prisión preventiva en un centro de salud, bajo custodia policial permanente.
