El intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, decidió vetar el aumento salarial del 80% que había sido aprobado para la planta política municipal, luego del pedido expreso del gobernador Rolando Figueroa y del creciente malestar social que se había generado en la localidad. De este modo, quedó sin efecto la ordenanza sancionada días atrás por el Concejo Deliberante.
La norma impulsaba la creación de un adicional remunerativo denominado “Función Política”, que implicaba un fuerte incremento en los ingresos del intendente, concejales, funcionarios del Ejecutivo municipal y otras autoridades. La medida desató una rápida polémica y críticas tanto a nivel local como provincial.
El conflicto escaló cuando el propio gobernador Figueroa expresó públicamente su enojo y reclamó que el aumento fuera revertido. Durante un acto oficial en Junín de los Andes, donde compartió escenario con Madueño en la entrega de viviendas, el mandatario provincial recordó el respaldo financiero permanente que la Provincia brinda al municipio.
“Todos los meses la Provincia le manda 500 millones de pesos a la Municipalidad de Junín de los Andes para que puedan terminar de pagar sueldos. Por eso hoy le pido que revea esa ordenanza”, sostuvo Figueroa con firmeza.
Si bien aclaró que no pretende avasallar la autonomía municipal, el gobernador fue contundente al marcar que la decisión iba en sentido contrario al mensaje de austeridad que busca sostener la gestión provincial.
“Cuando sacamos recursos de obras o de ayudar a otros municipios para enviarlos a Junín y se aumentan un 80% los sueldos de los políticos, la verdad que no corresponde”, afirmó.
Figueroa también apeló a una definición política y personal, al expresar: “Estoy convencido de que lo van a rever, porque confío en la hombría de bien de Luis y creo que pudo haber sido un error de concepción de lo que está viviendo hoy la gente”. En ese marco, le pidió de manera directa: “Te pido que esa ordenanza, que termina apartando a la clase política del pueblo, la reveas y la vetes”.
Minutos después, y sobre el cierre del acto, el intendente anunció el veto de la ordenanza, dejando sin efecto el aumento salarial y desactivando una medida que había generado un alto costo político para la gestión municipal.
Desde el Gobierno provincial, el malestar tuvo un fuerte componente simbólico. La administración de Figueroa viene impulsando una política de austeridad, que incluye la reducción de la planta política, la eliminación de gastos considerados innecesarios, la devolución de celulares oficiales, la cancelación de alquileres de vehículos y la revisión de contratos de obra pública.
En ese contexto, la decisión de Madueño aparece como un gesto de alineamiento con la política provincial y como una señal de que el mensaje fue escuchado. Para el Ejecutivo neuquino, el caso de Junín de los Andes funciona como una advertencia clara: el orden fiscal y la prudencia en el uso de los recursos públicos no son negociables, especialmente en un escenario económico complejo.
Fuente: Medios.
