El dirigente está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal en el marco de una causa por presunta estafa vinculada a la entrega de lotes y viviendas en la zona de la meseta de Neuquén, donde unas 340 familias denuncian haber aportado dinero durante años sin obtener las soluciones habitacionales prometidas.
En paralelo, el expediente continúa su trámite en la fiscalía de Delitos Económicos, mientras la cooperativa sigue formalmente activa y, según organismos de control, no se han detectado aún causales administrativas suficientes para su intervención.
El informe televisivo, titulado “El ladrón de sueños”, mostró el testimonio de damnificados y reconstruyó el desarrollo del proyecto habitacional, con imágenes del predio donde, según los vecinos, no existen servicios básicos ni infraestructura urbana, pese a las promesas iniciales.
Durante la emisión, la periodista Fernanda Alonso presentó el caso con duras referencias al impacto social del conflicto, mientras distintos testimonios describieron años de espera sin respuestas concretas.
Una de las socias fundadoras, Ema Ibáñez Castillo, relató que dejó de alquilar junto a su familia tras recibir la promesa de una vivienda en corto plazo. Según su testimonio, esa expectativa nunca se cumplió y el proceso derivó en años de incertidumbre.
Otro vecino, Víctor Guerrero, señaló que el proyecto incluía infraestructura básica, escuelas y transporte, elementos que —según afirmó— no se concretaron en el terreno.
En su descargo, Salas defendió la gestión de la cooperativa y sostuvo que se han entregado más de 500 viviendas. También afirmó que las obras fueron ejecutadas por el Estado, aunque aclaró que la cooperativa realizó las gestiones administrativas de los proyectos.
Consultado por su rol en la Dirección Provincial de Hábitat y Urbanismo durante 2024, el dirigente respondió que no podía intervenir en decisiones donde existieran posibles conflictos de interés.
El informe también retomó denuncias sobre adjudicaciones de viviendas a personas cercanas al dirigente, a lo que Salas respondió que se trataba de socios con larga antigüedad en la cooperativa, incluida su propia familia.
La investigación judicial continúa en curso e incluye medidas cautelares sobre bienes, cuentas y activos vinculados a la organización. Además, el abogado querellante Mariano Mansilla confirmó que la etapa de mediación finalizó sin acuerdo y la causa avanza hacia una resolución judicial.
El gremio docente ATEN también solicitó incorporarse como querellante, al considerar que afiliados fueron afectados por el esquema habitacional.
Mientras tanto, Salas sostiene que no existieron irregularidades y atribuye parte de los problemas a la falta de continuidad de los programas habitacionales por parte del Estado provincial.
Fuente: Medios
