Las empresas de medicina prepaga ya no podrán definir libremente los aumentos de sus cuotas sin controles estatales. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 y restituyó a la Superintendencia de Servicios de Salud facultades para fiscalizar y autorizar las actualizaciones de los planes.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y alcanza a los artículos 267 y 269 del decreto impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que habían eliminado las atribuciones de control sobre los precios de la medicina privada.

A partir de esta decisión, los incrementos deberán estar respaldados por la estructura de costos de cada empresa y por un cálculo actuarial razonable de los riesgos. De esta manera, la autoridad de aplicación recupera la posibilidad de intervenir en el esquema de actualización de las cuotas.
Qué cambia para los afiliados
La resolución no establece un congelamiento de los precios ni fija un límite automático para los aumentos vinculado con la inflación. Las prepagas podrán solicitar actualizaciones, pero tendrán que justificar los incrementos y someterlos a los mecanismos de revisión correspondientes. Por eso, las cuotas no quedarán necesariamente atadas a la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El expediente se inició a partir de la demanda de una afiliada que cuestionó las subas aplicadas por su empresa de medicina privada después de la entrada en vigencia del DNU. Al analizar el caso, la Corte consideró que el Poder Ejecutivo no había fundamentado de manera suficiente las razones de urgencia para modificar, mediante un decreto, las facultades de control establecidas en la Ley 26.682.

El pronunciamiento tampoco ordena una devolución automática y generalizada del dinero que los usuarios pagaron por los aumentos anteriores. Como corresponde a una causa particular, su alcance directo se limita a ese expediente, aunque podría convertirse en un antecedente para otros reclamos judiciales contra los incrementos aplicados desde fines de 2023.
Según las estimaciones difundidas, hay cientos de causas similares pendientes de resolución.
La decisión generó preocupación en el sector de la medicina privada, que advirtió sobre las posibles consecuencias económicas y la incertidumbre en torno al mecanismo de actualización de las cuotas. Mientras se aguardan definiciones sobre la implementación del fallo, la resolución vuelve a poner en debate el alcance de la regulación estatal y el costo de los servicios de salud para millones de afiliados.

Fuente: Medios















