La defensa de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso imputado en una causa por presunta trata de personas en Bariloche, presentó un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en la controversia judicial vinculada a su prisión domiciliaria.
El planteo busca cuestionar la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inadmisible una presentación realizada por el abogado defensor Martín Sarubbi. La defensa sostiene que el Ministerio Público Fiscal no tenía habilitada la vía utilizada para impugnar la decisión que reemplazó la prisión preventiva por un arresto domiciliario.
El recurso presentado ante el máximo tribunal apunta a revertir la resolución notificada el 25 de junio, al considerar que cerró de manera arbitraria la posibilidad de revisar una decisión clave dentro del expediente: la admisión del planteo fiscal que permitió que la Casación analizara la modificación de la medida cautelar.
Según la defensa, la Cámara Federal de Casación Penal habilitó un recurso que no estaría contemplado por la normativa procesal vigente. El argumento central es que el recurso de casación no sería una herramienta válida para que la fiscalía cuestione una morigeración de la prisión preventiva.
Para Sarubbi, esa decisión generó un perjuicio irreparable para su asistido y debería ser considerada una resolución equiparable a una sentencia definitiva, habilitando así la intervención de la Corte Suprema.
Cómo se originó la disputa judicial
La controversia comenzó cuando el Ministerio Público Fiscal solicitó la extensión del plazo de investigación y de la prisión preventiva de Rudnev. El juez de garantías de Bariloche hizo lugar a ambos pedidos.
Posteriormente, el Colegio de Jueces con Funciones de Revisión del Fuero Federal de General Roca confirmó parcialmente la resolución, pero modificó la medida cautelar y dispuso que la prisión preventiva fuera reemplazada por arresto domiciliario, con monitoreo electrónico y otras condiciones previstas en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal.
La fiscalía apeló esa decisión mediante un recurso de casación, aunque el tribunal de revisión declaró inadmisible esa presentación. Ante ese rechazo, el Ministerio Público Fiscal recurrió en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente aceptó analizar el planteo.
La defensa cuestionó esa resolución al considerar que se trató de una decisión con fundamentos insuficientes, ya que —según sostuvo— solo afirmó que la presentación fiscal cumplía con los requisitos de admisibilidad sin desarrollar mayores argumentos.
Luego de la decisión de Casación, la defensa presentó una denominada “casación horizontal”, con el objetivo de que otra sala del mismo tribunal revisara la admisión de la queja fiscal.
El argumento fue que todas las decisiones judiciales deben poder ser revisadas cuando se advierten posibles arbitrariedades. Sin embargo, esa presentación también fue declarada inadmisible, motivo por el cual ahora la defensa recurrió ante la Corte Suprema.
Los argumentos constitucionales de la defensa
En el recurso extraordinario, Sarubbi retomó argumentos utilizados por el Colegio de Jueces de General Roca al rechazar inicialmente el planteo de la fiscalía.
Según esa postura, la normativa procesal no habilita que las decisiones tomadas por los jueces de revisión durante la etapa preparatoria sean revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal. Además, sostiene que la morigeración de la prisión preventiva no constituye una sentencia definitiva ni tiene efectos equivalentes.
La defensa también invocó garantías constitucionales que considera afectadas, entre ellas el derecho de defensa en juicio, el debido proceso legal, la garantía del doble conforme y el derecho a recurrir.
Finalmente, solicitó que la Corte Suprema tenga por presentado el recurso en tiempo y forma y que revoque la resolución dictada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Fuente: Medios.
