Roberto Uriarte, padre de Otoño, junto a la Asamblea Autoconvocada por la Memoria, anunció que interpondrá un recurso extraordinario de impugnación para pedir la nulidad de todo lo actuado en la causa por el crimen de su hija. La decisión se tomó tras las resoluciones del tribunal de juicio y del tribunal de impugnación, que, según denuncian, no lograron esclarecer la verdad ni determinar responsabilidades.
“Cubren con un manto de impunidad los hechos, ocultando complicidades sistemáticas durante 18 años”, sostuvo Uriarte.
Desde el inicio del proceso judicial, la familia y la Asamblea señalaron que nunca se investigó de manera fehaciente la hipótesis de que Otoño hubiera sido secuestrada para ser incluida en una red de trata con fines de explotación sexual. Tampoco se profundizó en la posible participación de agentes policiales ni en los vínculos de los imputados con redes delictivas.
El pedido de justicia sigue vigente, mientras la causa está estancada.
“Sin la complicidad del Poder Judicial y del poder político no se hubiese podido entorpecer durante tantos años un proceso que debía buscar justicia”, afirmó la querella.
La familia considera que el proceso estuvo viciado desde sus orígenes, con omisiones graves, exclusión de pruebas clave y falta de voluntad institucional para investigar líneas sensibles. “Queremos verdad. Si cabe alguna reparación, la sociedad merece conocerla”, remarcó.
La Asamblea acompañó cada instancia judicial con movilizaciones, documentos públicos y actividades de memoria, exigiendo que el caso no quede en el olvido ni en archivos de causas inconclusas.
Uriarte enfatizó: “No existe justicia posible para Otoño, porque lo justo sería que ella estuviera entre nosotros, con vida. Pero también porque quienes se arrogan la potestad de impartir justicia son parte fundamental del encubrimiento de su desaparición forzada y asesinato”.
Una desaparición que pesa desde hace años
El caso de Otoño Uriarte permanece abierto desde 2006. La joven fue vista por última vez en Fernández Oro y su cuerpo apareció semanas después en un canal de riego.
A lo largo de los años, el expediente acumuló denuncias por irregularidades, demoras y falta de avances sustanciales. La familia y la Asamblea por la Memoria aseguraron que continuarán la lucha en todas las instancias posibles, exigiendo verdad, justicia y reparación, y evitando que el caso se diluya en el silencio institucional.
Fuente: Medios
