El fiscal jefe Pablo Vignaroli pidió prisión efectiva para las 12 personas condenadas por la estafa con planes sociales que funcionó entre 2020 y 2022. Sostuvo que el dinero desviado alimentaba la llamada “caja azul” del sector Azul del Movimiento Popular Neuquino, que entonces estaba en el gobierno y aseguró que “el objetivo fue sostener un sistema de clientelismo político”.
El tribunal ya había determinado que existió una maniobra para apropiarse de los subsidios por desocupación laboral que administraba el Ministerio de Desarrollo Social, una defraudación estimada en $153 millones. Los jueces consideraron que los 12 imputados cometieron administración fraudulenta agravada, un delito con penas de 2 a 6 años, aunque la escala permitiría aplicar condenas condicionales. Sin embargo, Vignaroli reclamó cárcel efectiva para todos, sin excepción.
El fiscal argumentó que hubo agravantes comunes: la naturaleza del fraude, los medios utilizados y el daño causado. Destacó que la maniobra solo se descubrió por un hecho fortuito (cuando un beneficiario descubrió que su cuenta bancaria estaba vacía) y que los autores aprovecharon su experiencia dentro del Estado para operar sin ser detectados.
Para los exfuncionarios Abel Di Luca, Ricardo Soiza y Tomás Siegenthaler, a quienes consideró jefes de la maniobra, pidió la pena máxima: 6 años de prisión. Sobre Di Luca, exministro de Desarrollo Social, sostuvo que fue “el jefe administrativo del fraude” y destacó como agravante su larga carrera en el Estado.
El fiscal también rechazó considerar la situación económica actual de los condenados, quienes hoy no perciben salario por estar bajo sumario, y subrayó que al momento de los hechos “no estaban en la pobreza”. “No delinquieron para comer”, afirmó.
Para el resto de los coautores (Néstor Sánz, Luis Gallo, Laura Reznik y Julieta Oviedo) solicitó entre 5 años y 5 años y 6 meses de prisión. En estos casos valoró como atenuantes la enfermedad coronaria de Gallo, el pedido de disculpas de Sánz y la situación familiar de Reznik.
Entre los partícipes primarios tuvo en cuenta el arrepentimiento de Marcos Osuna y Victoria Contreras, y las cargas de cuidado de Montoya y Honorio. El único al que no le reconoció atenuantes fue Alfredo Cury, de quien señaló que “no mostró arrepentimiento” y destacó como agravante que sea abogado.
Además, Vignaroli pidió el decomiso de varios bienes que, según dijo, fueron adquiridos durante el período investigado sin respaldo económico:
- una Chevrolet Tracker y un inmueble de Valeria Honorio,
- un lote en Fincas del Nogal de Isabel Montoya,
- una Toyota Hilux y un Citroën C3 de Néstor Sánz.
“Hay que presumir que fueron comprados como parte de esta maniobra”, afirmó, aunque los jueces habían remarcado en la sentencia que no se probó que los acusados fueran los destinatarios finales del dinero.
El representante de la Fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, adhirió a todos los pedidos y aseguró que la estafa “puso en peligro el Estado de derecho” al traicionar la confianza ciudadana y vulnerar los principios de transparencia.
Fuente: Medios
