En 10 días, la Justicia neuquina desarticuló una de las organizaciones de narcotráfico más activas de la capital. Su líder, Braian Pérez, fue condenado a prisión efectiva, mientras que sus siete cómplices recibieron penas condicionales.
Menos de dos semanas bastaron para cerrar uno de los casos de narcotráfico más resonantes de los últimos tiempos en Neuquén. La investigación, que comenzó en abril de manera discreta, culminó con allanamientos simultáneos, el secuestro de drogas valuadas en más de 170 millones de pesos y la condena exprés de ocho integrantes de la organización, que operaba con precisión en distintos barrios de la ciudad y en Senillosa.
Braian Adrián Pérez encabezaba la banda, dando órdenes y recibiendo las ganancias. Bajo su mando, siete personas -entre familiares y allegados- se encargaban de vender droga al menudeo, administrar cuentas virtuales y custodiar el negocio.
En un procedimiento abreviado, todos los acusados reconocieron su participación. Pérez recibió una pena de seis años de prisión efectiva, mientras que los demás -Rosana Beatriz Pérez, Alan Darío Tarifeño, Franco Agustín Rojas, Martín Alejandro Matus, Julieta Rocío Guerrero, Yamila Soledad Aveiro y Mauro Julián Vázquez- fueron condenados a tres años de prisión condicional.
La fiscal Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo explicaron que la acusación incluyó comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, y tenencia ilegítima de armas de fuego para varios de los integrantes.
El juez de garantías Marco Lupica Cristo dispuso el secuestro de un patrimonio considerable: tres camionetas de alta gama (dos Toyota Hilux y una VW Amarok), un Volkswagen Vento, cuatro motos enduro, dos bicicletas de alta gama, una vivienda utilizada como búnker -que será reconvertida en un centro de rehabilitación-, seis kilos de cocaína, más de dos kilos de marihuana, 1,5 millones en efectivo, diez armas de fuego y una máquina contadora de billetes.
La coordinación entre la fiscalía y la Policía neuquina permitió avanzar rápidamente: desde el inicio de la pesquisa en abril hasta los allanamientos del 8 de agosto se fueron recolectando pruebas. La rapidez fue notable: el 9 de agosto se formularon cargos y, apenas 11 días después, se dictaron las condenas, un récord para el sistema judicial provincial.
El Ministerio Público Fiscal destaca que el decomiso no solo privó de la libertad a los implicados, sino que también les quitó los bienes que financiaban su actividad criminal. La reconversión de la vivienda en un centro de rehabilitación simboliza el intento de revertir el daño que el narcotráfico causa en la comunidad.
Fuente: Medios
